Desde los inicios con Adolfo Rodríguez Saá, luego con  Alicia Lemme y Alberto Rodríguez Saá hasta esta actualidad de Claudio Poggi, el gobierno de San Luis ha mantenido una categórica constante: la variable de ajuste son los salarios de todos sus empleados: profesionales dela salud, docentes, administrativos y policías.

Lo muestran a las claras todos los presupuestos provinciales en los que las cifras correspondientes a las  Erogaciones Corrientes y de Capital son prácticamente iguales; lo que demuestra que a este gobierno le interesa más la obra pública que lo humano.

Es así como nos encontramos con edificios nuevos: administrativos,  hospitales, escuelas y comisarías que se ven modernos y  confortables; pero con las  personas que allí trabajan con sueldos entre los más bajos del país. No sólo preocupan los sueldos, sino mucho más la precariedad laboral con una  planta de personal plagada de contratos, algunos llevan  decenas de años;  pasantías, planes sociales, etc.

Todas acciones que demuestran a las claras la tremenda deuda en lo humano  que arrastra este gobierno feudal sanluiseño y que además del desprecio  a las personas que denotan, forman parte del plan de dominación por el temor y el clientelismo con que este “modelo” funciona.  Para asegurarlo, los gobiernos fueron logrando la división y hasta el enfrentamiento, entre las organizaciones gremiales del personal  que trabaja en el Estado provincial. Además por cierto, de la tradicional poca acción de la CGT  en reclamos a los  gobiernos  provinciales.

Entre una cosa y otra, es muy evidente:

A-      lo bajo de los salarios públicos con aumentos anuales por debajo del incremento del índice de precios que el mismo gobierno mide;

B-      el descontento de todos los empleados involucrados;

C-      la falta de vías de reclamos eficaces, orgánicos y persistentes por parte de las organizaciones gremiales; las que no encuentran  cómo superar el temor nacido en sus representados  ante  las medidas de castigo que han sabido sufrir.

LA  POLICÍA.

Hace ya unos cuantos días que comenzó el reclamo policial por salarios y condiciones de trabajo. Y son reclamos justos a la vista de todos, pero difíciles de concretar habida cuenta de la prohibición que tiene este personal para agremiarse. Lo que suma al temor o complicidad callada de los oficiales superiores que debieran trasladar de modo claro y fuerte esta realidad a las autoridades provinciales.

Este reclamo no es sino una categórica expresión del fracaso de la política policial de 1983 a la fecha.

Así las cosas,  al personal policial no le queda otra que el auto acuartelamiento,  la protesta  de sus  familiares o la toma de edificios como ocurre con la Jefatura Central.   Frente a esto último, el  juez Sabaíni Zapata ordenó  su desalojo  aconsejando también el diálogo entre las partes. Lo que se da de narices con la escasa o nula  vocación dialoguista del Gobierno con su personal;   lo que no hace sino provocar la radicalización de la protesta o su desaparición total por temor.

Esta desalmada indiferencia gubernamental se ratifica cuando tras muchos días surge un principio de acuerdo;   pero la negativa del gobierno a firmar un acta que ratifique y asegure esos acuerdos. Firma que es de manual para cualquier conflicto laboral.

De a poco y con alguna timidez inicial fue surgiendo el apoyo  de la sociedad sanluiseña al reclamo. Gremios como  ASDE,  han expresado  su solidaridad para con el personal  policial.

Mientras, da la impresión que otros sectores de empleados públicos esperan a ver cómo se resuelve este conflicto para tomar decisiones al respecto; lo que no deja de ser, visto de afuera, una actitud especulativa en lugar de solidaria.

LECCION A FUTURO

Esta misma Policía provincial que recibe solidaridad para con sus justos reclamos salariales, ha sabido ser merecedora de descalificaciones  por  acciones de represión, de apremios ilegales, de incapacidad para actuar en casos de violencia de género, etc. Los mismos docentes  que hoy los  acompañan supieron  de una dura y hasta artera represión en el 2004, cuando también  reclamaban por salarios y  condiciones laborales. En ese mismo año miles de ciudadanos reclamaron en las calles por sus derechos y aspiraciones  siendo duramente  reprimidos, basta recordar el itakazo que recibió en el rostro Marcelo Bustos Padovani.

Se dirá en descargo,  que fueron órdenes superiores, lo cual es verdad.  Pero es cierto también,  que en muchas ocasiones se puso demasiado celo en cumplir órdenes violentas.  Como también es cierto que muchos parecen no conocer u olvidar  que nadie de entre el personal de seguridad  está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes. Y nuestra Constitución y nuestras leyes garantizan derechos salariales, de libre expresión y de reclamos.  Toda acción que atente contra estos derechos o  contra la integridad o la vida misma de las personas  es un delito y más grave aún si es cometido por personal de las FFAA o de Seguridad.

Si hay órdenes en esa dirección, son órdenes inmorales. No hay obligación de cumplirlas.

UNA DUDA

Se ha sabido que el gobierno kirchnerista de la Municipalidad de San Luis ha llevado en vehículos oficiales ayuda material y en alimentos  a los policías en Jefatura Central.

¿Será este apoyo  la expresión de un cambio en la política kirchnerista con respecto a cómo trató en lo nacional el reclamo salarialde la Gendarmería?

LA OPORTUNIDAD

Puede ser éste un momento para  lograrmayor armonía entre  Policía y  pueblo sanluiseño, ya sea éste considerado en su conjunto o en sus expresiones sectoriales.

Los que hoy reciben solidaridad con sus reclamos, que sepan no reprimir cuando otros hermanos hagan los suyos. Aunque se lo ordenen.

Los docentes del instituto de formación policial y la misma  plana mayor deben asegurar que enseñanza,  órdenes e  instrucciones sean con conocimiento y respeto de todos los derechos humanos según los  regulan  la Constitución y las leyes. Eliminando las  órdenes represivas e inmorales que sólo  manifiestan  incapacidad de resolver  por otras vías.

Se hace difícil creer que actitudes de este tipo surjan de estas autoridades provinciales o de quienes han sido formados en la represión como método usual. Debiera surgir de abajo, desde el personal que está reclamando.  Y de sus familias,  su nexo con el pueblo todo.

Los que hoy reciben solidaridad en sus reclamos, que sepan no reprimir cuando otros hermanos hagan los suyos.

Si así ocurre, San Luis habrá dado un importante salto de calidad en su vida democrática y republicana.

SAN LUIS. Agosto 19 de 2013