Gracias a la profesionalidad periodística de Silvana Sola responsable del blog  Notinogo, con base en Nogolí, Depto. Belgrano; salió  a luz una manifestación más de cómo se gobierna.

Se trata de la donación de un terreno que la  actual senadora provincial por el Depto. Belgrano y ex Intendenta Comisionada de La Calera, Prof. Mabel Leyes   se hizo a sí misma mediante una resolución municipal. Por otra resolución  similar donó otro terreno a la Fundación Puntana  (de dudosa existencia)  presidida por su hermano Alberto. En ambos casos, sin suficientes fundamentos, ni mucho menos las obligaciones de los beneficiados para con esa propiedad.

Los hermanos Leyes se sucedieron mutuamente durante años  en la Intendencia y en la senaduría; por lo que no estamos ante  personas sin capacidad económica para adquirir un terreno.  Estas donaciones  son propias del cacicazgo politiquero;  de la impunidad que gozan; de no respetar  el patrimonio estatal; ni saber de  honestidad y ética.

En sus primeras declaraciones referidas el tema la Prof. Leyes dijo que la donación de terrenos fiscales era una práctica de hace tiempo. Como si la repetición impune de actos irregulares los convirtiese en correctos.

Lo hecho por la Prof. Leyes en La Calera  no es la única irregularidad que sufrimos en la provincia, ni en Argentina.  Casi se diría que al lado de otras, es una pavada. Apenas un botón, pero que nos permite recordar y obliga a  reflexionar.

CASO 1: Hace días, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis rechazó las cuentas 2013 que presentó la Intendencia. Funcionarios municipales dijeron que la anterior Intendenta, Arq. Alicia Lemme había presentado rendiciones  similares y se las habían aprobado. No se trata de cuántas veces se hizo,  lo que interesa saber es si esos gastos cuestionados están bien o mal hechos conforme las leyes. Tampoco es justificativo decir que siendo fondos de la Nación, hay que hacer como desde allí se indica. La ley se aplica siempre, no sólo cuando queremos o nos conviene.

Concejales afines al gobierno provincial que  criticaron y rechazaron estas  cuentas,  no intentaron la menor crítica de lo hecho por Lemme. Miraron la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Si está mal lo presentado por la Intendencia de Ponce, también lo está lo que hizo Lemme. Tuvieron la oportunidad de reconocer, de asumir y de marcar el camino correcto, pero como en tantas otras ocasiones no les interesa hacer bien las cosas.  Practican  aquello de que cuando el opositor lo hace está mal; cuando lo hago yo está bien.

En la misma línea pero con mayor gravedad, ocurre con las rendiciones de cuenta del Gobierno Provincial, que son aprobadas aceleradamente  por la mayoría automática de la que gozan en el Legislativo.

CASO 2: A partir de los datos censales de 2001 y de 2010, se viene incumpliendo la Constitución. Es en el Capítulo XXVI – Régimen Municipal  que señala qué tipo de gobierno municipal deben tener las localidades provinciales según la población censada. Precisiones  que ratifica y reglamenta la ley  XII -0349- 2004. Los gobernadores Lemme, Alberto Rodríguez Saá y Poggi son responsables de esta flagrante violación a la constitución. El que sean varios y uno de ellos el jefe político de todos, no cambia la constitución, ni atempera el delito. Tampoco el hecho de que el Superior Tribunal de Justicia haya eludido actuar  en lo más específico de sus funciones: garantizar la constitucionalidad en la provincia.

CASO 3: El extremo celo puesto por parte de los legisladores del oficialismo para no designar al Defensor del Pueblo desde noviembre de 2004;  con el silencio de la oposición. Violan así la constitución en su  artículo 235,  y la ley VI -0167-2004. El que sean varios los vice gobernadores que se borraron  en este tema, Blanca Pereyra, Jorge Pellegrini y el actual Jorge  Díaz y también varias y distintas  integraciones de las Cámaras de Senadores y de Diputados, las que incumplieron con sus deberes, no aminora la gravedad de casi diez años  al margen de la  constitución y la ley. También la justicia  lleva una larga demora en resolver una causa abierta por este tema.

CASO 4: El estatuto de la Universidad Nacional de San Luis,  señala en su Artículo 153 que “Se rechaza toda propaganda o forma de proselitismo político partidario …” No todas las universidades nacionales tienen esta prohibición. La de San Luis sí, pese a lo cual Franja Morada, que es parte de la estructura oficial de la UCR actúa como tal y proclamando su pertenencia y objetivos partidarios.  Lo prolongado y persistente del hecho,  no quiere decir que esté bien violar el Estatuto Universitario.

Para muestra, basta un botón. Sólo estos  pocos casos en distintas expresiones políticas, para ejemplificar cómo se deja de lado el respeto de la vida republicana y a sus instituciones. Tapando, callando o haciendo callar, acusando al otro, negociando.  Como puede,  rige  lo de “en todas partes se cuecen habas…”

Si no les gusta la normativa, que se jueguen a modificarla, pero que no hagan ostentación de vivir al margen de la ley.

No estamos en presencia de anécdotas  risueñas o que merezcan justificaciones tontas que nacen no de la política  como servicio,   sino de la politiquería cegada por el poder.

La política no está para ser degradada en beneficio sectorial, sino para ser ejercida  como constructora del Bien Común, garantizando la dignidad de las personas. Y como se supo decir… “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Concepto que también ha sido víctima de olvido.

Lo de la ex Intendenta y hoy Senadora Provincial  Leyes es una gota más. Son tantos y tan persistentes  los hechos de  violación  a la Constitución y a las leyes,  que hasta parecen haber perdido la importancia como noticia. Quizás, los comunicadores debieran incluir en sus medios un recordatorio permanente de todas estas  violaciones a la vida republicana.  Hay que tener memoria y romper  el silencio que esconde la verdad y que busca borrar  de nuestra agenda la legalidad.

Parece que con estas mayorías gobernantes, reclamar la plena vigencia de la democracia republicana y la honestidad de los funcionarios  es una pérdida de tiempo,  una cuestión menor, una molestia para “los que hacen”.

No hay que rendirse. Exigir la plena vigencia de las instituciones republicanas  debiera ser un continuo ejercicio de ciudadanía y si la ley no castiga, repudiar, aislar,  no votar a los autores, cómplices, aplaudidores. También a los que cobardemente saben pero callan.

SAN LUIS. Julio 29 de 2014