DESIGNACIÓN EN EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

DESIGNACIÓN EN EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Pronto se tratará en el senado provincial la propuesta del Gobernador Alberto Rodríguez Saá, para designar como nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al abogado Eduardo Gastón Ramón Mones Ruiz, actual Vice Gobernador.

Propuesta que recibió impugnaciones desde las exigencias constitucionales y al no menos categórico concepto de la división e independencia de los poderes del estado.

Exigencias constitucionales:

Cinco son las exigencias constitucionales para este cargo: a) Ejercicio de la ciudadanía. b) Treinta años de edad. c) Poseer título de abogado habilitante para el ejercicio de la profesión. d) Diez años de ejercicio de la profesión de abogado o de alguna magistratura judicial. e) Tres años de residencia continua e inmediata, si no hubiera nacido en la Provincia.  Hay dudas de que el candidato cumpla con los diez años de ejercicio como abogado a raíz de sus muchos años en cargos de gobierno y legislativos, con poca actividad profesional específica. Hay presentaciones ante la justicia, que difícilmente sean resueltas antes de que el senado trate el tema. Lo que puede llevarnos a un hecho consumado sin conocer la verdad.

No hay ningún impedimento constitucional o legal para que quien ocupe un cargo en el Ejecutivo o Legislativo ingrese al STJ, como es el caso del actual Vice Gobernador Mones Ruiz.

El rechazo viene de otra fuente.

División e independencia de los poderes del Estado

Una república, como la nuestra, tiene tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  La división e independencia de estos poderes procura evitar que una sola persona o un grupo restringido de ellas, concentre en sí todos estos poderes: «para que uno no pueda abusar del poder, es necesario que, mediante la disposición de las cosas, el poder detenga el poder».

Ningún poder debe tener preponderancia real o formal sobre los otros. De hecho y de derecho,  deben  funcionar en conjunto y armónicamente. La independencia va de la mano del mutuo control, para evitar abusos y excesos que construyan totalitarismos, aun cuando estos surjan de quienes hayan sido elegidos por el voto.

Así garantiza nuestra constitución la independencia judicial:

Artículo 189:  El Poder Judicial tiene todo el imperio necesario para mantener su inviolabilidad funcional e independencia de los otros Poderes del Estado.

Artículo 190 En ningún caso el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de las causas pendientes o restablecer las fenecidas

Esta independencia es garantía de objetividad y ecuanimidad en sus sentencias. Lo que no  ocurre cuando los jueces son influenciados por vías non sanctas.

Estamos ante una propuesta de designación con notoria influencia política toda vez que el abogado Mones Ruiz (h), tiene mucha vida partidaria, es un derecho que debe ejercerse en el marco de la vida republicana. Se duda del tiempo que ha dedicado al ejercicio de la abogacía y no se conoce actividad docente o académica en su especialidad.

Es imposible que un texto constitucional pueda prever todas las trapisondas e interpretaciones antojadizas que faciliten la acumulación de poder. De ahí que se requiere de parte de gobernantes y legisladores, honestidad, ética y respeto a las instituciones republicanas con democracia.  Algo que no es moneda corriente en nuestra actualidad.

Esto es lo que debe entender nuestra dirigencia política, tan amiga de “ir por todo” en su patológica búsqueda del poder absoluto.

Antecedentes

El que la historia argentina, incluso la sanluiseña, muestre varios casos de jueces con vida política, no quiere decir que sea bueno y se pueda repetir. Lo que está mal, está mal ayer, hoy y mañana. Y debe ser desterrado.

El gobierno de los hermanos Rodríguez Saá tiene muchos y descalificadores antecedentes en esto. Recordemos como al pasar, la burla de publicar en el diario familiar, una foto trucada de los jueces del STJ en calzoncillos y gorra militar; las manifestaciones organizadas desde el gobierno exigiendo la renuncia de jueces; el requisito de renuncias firmadas sin fecha previo a asumir como jueces; la destitución de juezas y secretarias, que la Corte de DDHH de la OEA obligó a retrotraer.

Hoy, muchos dirigentes opositores rechazan esta propuesta, algunos de ellos olvidan que callaron ante otros casos similares del pasado.  Tal el caso del CPN Poggi quien no objetó las designaciones en el STJ del abogado Sergnese y de la abogada Novillo  en 2010  y 2016, siendo él Sub Secretario de Hacienda, Presidente de la Cámara de Diputados y Diputado Nacional, respectivamente. Las acciones no son correctas cuando las hago yo o los míos y malas cuando las hacen otros.

Las instituciones de la república se cumplen. No se gambetean según convenga.

Designación de Mones Ruiz (h)

Este abogado, viene de muchos años en la función pública dentro de las filas del oficialismo, el que hace gala de verticalismo y adhesión incondicional hacia la persona que conduce. Tan importante actuación política, indica un intenso compromiso político partidario y obediencia al hoy Gobernador, de lo que no es sencillo desprenderse de buenas a primera para aplicar justicia. Esto no da a la ciudadanía garantía de independencia, no basta con promesas, si las hubiera, de olvidar lo vivido.

“La mujer del César no sólo debe ser buena, sino también parecerlo.”

Hay otros datos acerca de la idoneidad del abogado Mones Ruiz. Como legislador, como ministro y como Vice Gobernador. Por ejemplo, no ha dado paso alguno para cumplir con la Constitución y leyes reglamentarias, en lo concerniente a las autoridades municipales conforme su población y con la elección del Defensor del Pueblo. Lo que muestra su nivel de obediencia temerosa a las órdenes del gobernador.  

¿Qué garantías de constitucionalidad y legalidad da un miembro del STJ que antes no las respetó?

Finalmente.

Un gobernador que fuese ejemplo y líder en ética republicana, no debiera proponer un candidato con esos antecedentes.

Un candidato a juez con estos antecedentes debiera mostrar compromiso republicano y no aceptar una propuesta así.

Senadores conscientes de su responsabilidad republicana, no debieran aprobar un candidato con estos antecedentes.

No creo que algo así ocurra, porque este gobierno que nació democráticamente en 1983 con la alegría argentina por recuperar la república con democracia, se convirtió en feudo.

SAN LUIS. Abril 5 de 2022.

NUEVO MANDATO DEL GOBERNADOR

Desde los dichos, días atrás,  del diputado oficialista por el Departamento General Pedernera Gustavo Morales, se está queriendo instalar en la ciudadanía sanluiseña la idea de la” necesidad” de facilitar un nuevo período gubernamental para el actual gobernador.

Habrá que ver si la idea del diputado Morales es fruto de su obsecuencia o de alguna oculta directiva para auscultar la opinión pública al respecto. ¿Será que a falta de herederos confiables, se busca la perpetuidad?

Recordemos primero lo que expresa nuestra Constitución Provincial en lo concerniente a los mandatos del gobernador:

Artículo 147 El Gobernador y Vicegobernador duran en sus funciones el término de CUATRO (4) años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período.

Alberto José Rodríguez Saá (ARS II), en esta última etapa de sus gobiernos, cumplió el mandato 2015-2019 y está en el correspondiente a 2019-2023. Por lo tanto, para aspirar a un nuevo mandato como gobernador o como vice gobernador debe esperar al menos, a 2027.

Para eludir este actual impedimento y concretar esta aspiración (?), debe necesariamente reformarse la constitución, no por una Asamblea Constituyente, ya que sería una exageración convocarla para un solo tema; sino de la misma forma en que se eliminó la posibilidad de la reelección indefinida del gobernador ocurrida años atrás, mediante el artículo 287 de la Constitución que expresa:

Excepción – Enmienda Artículo 287 La enmienda de un solo artículo puede ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura y el sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia, convocado al efecto en oportunidad de la primera elección que se realice, en cuyo caso la enmienda queda incorporada al texto Constitucional. Reformas de esta naturaleza no pueden llevarse a cabo sino con intervalos de dos años por lo menos.

Es decir, una reforma efectuada por el Poder Legislativo en un solo Artículo, en este caso el antes citado 147.

De ocurrir este tipo de reforma, la próxima elección a celebrarse y en la cual la ciudadanía debiera aprobarla, es la de 2023, en que se debe elegir Gobernador y Vice. Si ARS II quiere ser nuevamente candidato a gobernador en ese año, debe estar habilitado antes por la plena vigencia constitucional. Sería una tremenda burrada convocar a la aprobación popular de esa enmienda permitiendo al mismo tiempo la inscripción del actual gobernador a una nueva candidatura.

Pero como todo puede darse en un gobierno feudal y que como tal se cree por encima de la ley y con derecho a la perpetuidad, es de esperar que, de seguir esta idea, nos encontremos con una maniobra turbia para lograr el objetivo, como por ejemplo convocar primero a legisladores y luego a cargos del ejecutivo.

Para lo cual el gobierno necesita contar con una justicia que avale lo que se le ocurra. Una razón más para entender el paso del obediente Eduardo Gastón Mones Ruiz (hijo) de la Vice gobernación al Superior Tribunal de Justicia.

SAN LUIS. 16 de febrero de 2022

¿QUIÉN GANÓ EN SAN LUIS?

Tras estas elecciones, tan pobres en ideas y propuestas como rica en agravios, descalificaciones y violaciones al marco legal, vivimos una epidemia de triunfos, ya que las fuerzas más votadas, solo hablan de triunfos, como si tuvieran ojos para mirar solo lo que les conviene

Ya nos hemos asombrado con las gambetas verbales del oficialismo nacional para decirle a los suyos que han ganado y  éstos, son de repetir a los cuatro vientos lo que afirman sus jefes sin analizar. Allá ellos.

Pero no sólo el kirchnerismo convierte derrota en triunfo, por acá hay algo de lo mismo. Veamos.

Diputados Nacionales

Tres finalizan su mandato en este año, uno de la UCR y dos del adolfoalbertismo. Los resultados invierten esto.  La oposición provincial en este caso UNIDOS POR SAN LUIS (UxSL), logra dos bancas contra una del oficialismo provincial socio del kirchnerismo. Desde el 10 de diciembre habrá dos diputados nacionales de UxSL, uno de la  UCR y dos de FUERZA SAN LUIS (FSL).

Claro triunfo opositor, silencio del oficialismo provincial.

Senadores Provinciales

Terminan su mandato cuatro, todos ellos del oficialismo, que en esta elección sólo retuvo tres. UxSL logró uno, pero pierde 3 a 1 en el total y celebra porque es la primera vez que el Depto. Pedernera le arrebata un senador al oficialismo y porque por segunda vez desde la creación del Senado habrá dos opositores, frente a siete rodríguezsaaistas.

Pese a perder un senador, FSL se alegra porque que seguirá con quorum propio y más de dos tercios, suficiente para seguir imponiendo jueces por ejemplo.

Triunfo oficialista.

Diputados Provinciales

En cinco departamentos se eligieron un total de veintidós diputados, por la renovación de doce del oficialismo y aliados y diez de los opositores. Además, se completó la elección del 2019 en el Depto. San Martín para elegir un diputado.

En los cinco departamentos triunfó el oficialismo FxSL, logrando trece diputados contra nueve de UxSL. El oficialismo provincial logra un diputado más que antes, la oposición pierde uno de los que renovaba, pero lo disimula al triunfar en la definición pendiente en el Depto. San Martín.

El feudo que nos gobierna desde 1983 tendrá junto con sus aliados, un legislador más que en este momento.

Triunfo oficialista.

Autoridades Municipales

Entre Intendentes y Comisionados se elegían diez, de los cuales cinco los ganó FxSL y uno su muy cercano Frente Nuevo; MOVIPRO dos;  Juntos x el Cambio y UxSL uno cada uno.

Resumiendo, seis responden al gobierno y aliados; dos opositores y dos para MOVIPRO que no se define claramente  entre oficialista y opositor.

Festeja el gobierno.

Concejales:

Fuerza San Luis logra treinta y nueve propios y llega a los cuarenta y tres con dos del MID y dos del Frente Nuevo, que le suman por derecha e izquierda.  UxSL más la UCR logran veintidós, MOVIPRO, Movimiento Renovación Chacabuco y PROCLAME uno cada uno.

Otro festejo gubernamental.

El futuro

Si los que se presentan como opositores al actual gobierno provincial aspiran a derrocarlo, no deben sostenerse en un diagnóstico erróneo. Lograron triunfar para diputados nacionales,  pero fueron derrotados en todos los cargos provinciales y municipales. Las causas pueden ser varias, la de mayor peso es la persistencia en desunirse. Callan la derrota provincial, festejando lo nacional. El gobierno feudal de San Luis, celebra su continuidad.

Otra oportunidad que se pierde.

SAN LUIS. Noviembre 21 de 2021

VIOLACIÓN FLAGRANTE DE LA VEDA ELECTORAL

Según la ley el viernes previo al día votación, a las 8am, se acaba la campaña electoral. Una ley con muchos años, nadie puede ni debe ignorarla.

Pero gran parte de nuestra dirigencia política, compite en poner en práctica todo lo posible para incumplirla, generalmente a ojos vista de todos y sin castigo alguno, si los hubiera.

Veamos algunos ejemplos sanluiseños:

  •  La publicidad que el gobierno provincial lanzó tras perder las PASO – PAS, esa de Escuchamos, Aprendimos – Hacemos (o algo así) es publicidad electoral y se difundió ampliamente los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14.

Un directivo de medio periodística me dijo que así viene contratada, debe ser cierto. Pero los responsables de los medios están obligados a cumplir la ley que rige su actividad y  recibir la publicidad hasta el momento en que la ley permite.

No caben excusas livianas cuando de respetar la república con democracia se trata.

  • Lo mismo pasó con la publicidad en una pantalla electrónica ubicada en el patio cervecero en el ingreso oeste de Juana Koslay. En esa pantalla se difundió propaganda del Sr “Toti” Videla candidato a la reelección como Intendente de esa ciudad. Un destacado periodista me dijo que eso es una “zona gris” de la legislación por tratarse de propaganda callejera.

No comparto lo de publicidad callejera, es publicidad electrónica a través de un programa de computación al que se le fijan todos los parámetros que sean necesarios. Eso no se hizo y la propaganda electoral estuvo hasta la noche del domingo.

Ni hablar de las variantes de compra de votos mediante premios y préstamos para cambiar automóviles que hizo el Sr. Videla días antes. Una vergüenza que escuchamos y leímos en docenas de medios, ante la complicidad silenciosa de la justicia electoral.

  • El mismo domingo en un programa matutino de Cadena Radio Popular tuve la oportunidad de escuchar tres entrevistas a candidatos del oficialismo provincial. Una candidata a diputada provincial por el Depto. Gob. Dupuy y a los candidatos a intendentes de Unión y Tilisarao. Los tres hicieron clara campaña electoral, con sus propuestas para mantener o recuperar las relaciones con el gobierno provincial y que SE votaba en un “día peronista”.
  • Me queda claro que los entrevistadores no son del plantel de esa emisora, sino que cubrían esas localidades mediante algún tipo de acuerdo; pero el conductor debió intervenir para hacer cumplir la ley. El desconocimiento de la ley no es excusa válida, menos en dirigentes políticos y periodistas.
  • Los medios on line, al no estar incluidos en una ley tan antigua siguen con sus propagandas electorales como si nada. Eso debe ser corregido. Por cierto, tras esos ejemplos, dejé por el resto del día mi escucha radial.
  • Estoy seguro que no son éstos que describo aquí, los únicos en la provincia.  

También deben haberse dado en otros lugares del país, especialmente de parte de candidatos partidarios del oficialismo nacional, porque son, después de las dictaduras, los que más incumplen el marco legal que nos rige.

La ley prevé la veda, pero no sanciones tan fuertes como lo son esos delitos. Las que existen, se aplican ya finalizadas las elecciones y no le hacen mella a nadie.  Se impone revisar eso e imponer fuertes sanciones que vayan desde impugnar los cargos que se logren así; inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro o la participación electoral de ese partido o frente electoral; multas a los medios responsables; etc.  Pero claro … los que deben hacerlo son justamente los beneficiados con esa maniobra.

Estamos ante un vergonzoso torneo de incumplir la ley que perjudica los derechos civiles de la ciudadanía y lastima de gravedad nuestra vida republicana y democrática.

Estas palabras pueden caer en saco roto por parte de los que deben actuar y de los que debieran aprender. Pero no por eso hay que callar.

Debe saberse de qué se trata.

SAN LUIS, noviembre 15 de 2021.

DE LAS CLOACAS DE EL VOLCÁN

Casi al final de su primer mandato como Gobernador, Alberto Rodríguez Saá anunció el Plan Hepatitis 0, para lograr la erradicación de esa enfermedad mediante la construcción de redes cloacales en numerosas localidades de la provincia. Entre ellas El Volcán en el Depto. Gral. Pueyrredón. Esta localidad ya tenía desde años anteriores cloacas para el Barrio Madre Teresa de Calcuta, pero estas nuevas cubrirían buena parte del resto del casco urbano.

Es así, como para esta localidad turística se presupuestaron las siguientes sumas:

2007: $ 3.883.128.-             2008: $ 274.560.-

2009: $      79.841.-             2010: $    69.353.-

Totalizando $ 4.306.882; todos ellos ejecutados en pleno según consta en las respectivas rendiciones de cuentas aprobadas por el Poder Legislativo. Tengamos en cuenta que, de acuerdo a la inflación argentina, desde aquellos años a la fecha, esa suma debe ser notoriamente mayor, cálculo que no estoy en condiciones de hacer.

¿Qué pasó?

Se suponía que en el año 2010 la obra quedaba completa, pero al conocerse destinado a la planta de tratamientos, estallaron las quejas de muchos vecinos.

Esa planta fue construida y casi terminada, unos pocos metros antes del puente de ingreso desde el oeste, casi pegada a la ruta y a menos de 100 metros del cauce del río; al lado también de un camping que ya no está y muy cerca de un barrio en crecimiento. No se explicó nunca qué destino se daría a los líquidos ya tratados, pero sí estaba muy presente en la memoria de los volcaneros que ese lugar supo ser cubierto en ocasión de grandes crecidas del río. Un panorama muy peligroso para la calidad de vida y la salud misma del vecindario. Fruto del sistema de licitación de las obras, sin un proyecto previo,  sin analizar el presentado por la empresa adjudicataria,  ni evaluar el impacto ambiental, menos aún con una audiencia pública.

Las categóricas razones dadas por los vecinos llevaron a que el gobierno provincial no autorizara esa planta en el año 2009 y presupuestara para el 2010 una suma de $ 626.534.- para hacer una “Interconexión con la red cloacal de la ciudad Juana Koslay”. Obra complicada y cara habida cuenta de la geografía serrana que habría de atravesar mediante un importante sistema de bombeo.

Comenzó a hacerse esa tarea mediante el tendido de una cañería. Hasta que la empresa desapareció, la obra se detuvo y durante un par de años vimos un caño plástico negro apuntando al cielo.

De la suma presupuestada para esa interconexión se cambió de destino (no se dijo a dónde) el importe de $300.000. El resto fue informado al legislativo COMO NO EJECUTADO.

Fin de una obra necesaria para cualquier localidad del mundo. El gobierno provincial dilapidó una suma millonaria sin resultado alguno.

Lo que fue planta de tratamiento, está abandonada, destruida y tapada por la vegetación. El equipo que se instaló ya no está, se lo llevó la empresa o alguien se adueñó de él. Se pueden ver en las calles, las tapas de inspección de la red.

Las aguas servidas de gran parte de El Volcán siguen pasando a las napas subterráneas, terminando casi con seguridad, en el Dique Cruz de Piedra.

Cero para el cancelado Plan Hepatitis 0 en El Volcán. En silencio, sin una explicación.  ¿Habrá sido una venganza por el reclamo vecinal?

Hablar de salud para el pueblo y no hacer las obras necesarias es cuando menos,  hipocresía.

Responsabilidades

Desde el comienzo de la obra, en el momento del abandono y hasta el 2015 fue Intendente Comisionado Municipal el Sr. Marcelo Mocdese; entre 2015 y 2019 ejerció ese cargo el Sr. Ricardo Callegaro quien desde 2019 ejerce como Intendente Municipal, ahora y por primera vez en la historia, con Concejo Deliberante.

Ni Marcelo Mocdese ni Ricardo Callegaro, han dado a conocer gestiones hechas para lograr la finalización de la obra, ni buscaron apoyo en los vecinos, ni dieron a conocer el problema a los medios.

Esa inmovilidad se da por la obediencia debida a un gobernador que decide por sí solo qué se hace, dónde, cuándo y cómo. No consulta, no atiende, no escucha. El señor feudal manda, los súbditos obedecen calladamente.

La responsabilidad primera es del titular del gobierno, Alberto Rodríguez Saá, luego de las autoridades municipales.

Hay otras más, porque nadie de la política provincial (oficialismo y oposición) reclamó o  denunció  con la decisión, la energía y la persistencia que el caso merece.

Los feudos se vencen con unidad y decisión, antes de los vasallos, hoy de la ciudadanía.  Nunca con silencios, indiferencia ni cobardía.

SAN LUIS. Noviembre 2 de 2021.

PROMESAS, NO REALIDADES

Sería necedad negar la mucha obra pública en San Luis desde 1983 a la fecha. Hay obras necesarias y otras no tanto. Las hay bien hechas y otras no.  Hay sospechas de costos elevados, comparados con obras similares en otras provincias. Sospechas que siempre llevan a pensar en retornos, comisiones, etc., muchas veces denunciadas, nunca resueltas o develadas.

Lo que no puede discutirse son las anunciadas con bombos y platillos como una gran solución a problemas acuciantes y que hasta la fecha esperan la terminación, con la lógica consecuencia de presupuestos dilapidados.

En esta ocasión veremos el caso del CENTRO MODELO DE CONTENCIÓN DEL MENOR EN RIESGO, anunciado por el entonces Ministro de la Legalidad Dr. Martínez Petricca n marzo de 2004.  Ese fue el año del conflicto del gobierno con los “curas amigonianos” responsables  de la Colonia Hogar, donde eran alojados para su reinserción social los menores que habían caído en el delito

Todo indica que ese anuncio fue el paso previo a las denuncias gubernamentales  contra esa orden religiosa y a la política de desinstitucionalización de esos menores, sin prever recaudos para su futuro. Hasta llegar a  la expulsión  de la provincia de esa orden religiosa.

Para aparentar una nueva política para con esos jóvenes, se anunció la creación de ese centro, en reemplazo de la Colonia Hogar.  Sería construido refaccionando la llamada “Escuela Rosada” ubicada en la ruta provincial 10, a unos 5 km al oeste de La Toma en el Departamento Pringles.

EL DIARIO DE LA REPUBLICA, publicó en esos días,  una amplia nota incluyendo la foto de esa escuela y el plano final. El edificio final tendría unos 500 metros  cuadrados, capacidad para unos 40 jóvenes en habitaciones individuales de 2 x 3 metros; más instalaciones sanitarias, de cocina y aulas. Esas habitaciones,   más chicas que un calabozo, no son las óptimas  para el objetivo anunciado.

Según ese anuncio, trabajaban allí unos 100 trabajadores del Plan de Inclusión Social (pico y pala que se le decía) y la obra estaría terminada en unos 45 días, es decir en mayo de 2004.

La obra nunca se completó en 17 años. Se conserva el alambrado perimetral, no tiene techos, ni puertas ni ventanas. Da la impresión de haber sido abandonada poco después del anuncio ministerial. Hoy está tapada con arbustos y yuyos. Lamentable, vergonzosamente abandonada.

Hoy los menores que delinquen no tienen un lugar en que se los eduque y prepare para una inserción positiva a la sociedad. Tampoco se ha pensado en recuperar ese edificio para otra finalidad. Ya ha desaparecido el cartel de obra.

Ahí está a la vista, una obra pública poco y mal pensada, muestra de la improvisación demagógica y de promesas incumplidas.

Hoy, los menores en situación de riesgo social carecen de un lugar en donde recuperarse; la sociedad no tiene conocimiento de esta realidad; la dirigencia política, ignora o calla. El gobierno de Alberto Rodríguez Saá tiró a tontas y locas cifras importantes del presupuesto. Nunca una explicación gubernamental. Nunca un pedido de informes o reclamo de parte de la oposición.

Ahí está, en la Ruta 10, a 5 km al oeste de La Toma.  Nadie se interesa por una obra abandonada, menos aún, por resolver los problemas de los jóvenes que caen en el delito, hoy librados a su suerte.

SAN LUIS. Setiembre 30 de 2021