DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y SU VACANCIA

 

Se inauguró el año legislativo 218 con las palabras del gobernador Dr. Alberto José Rodríguez Saá. En las que poco y nada dijo de lo que espera de la labor legislativa para este año.

Por cierto que se cuidó muy bien de recordar, como lo viene haciendo desde hace años, la situación de la Defensoría del Pueblo.

En noviembre de 2004 renunció quien hasta ese momento ocupaba ese cargo, Dr. Aníbal Sopeña. Lo hizo porque vencido su mandato de cuatro años, los legisladores no movido un dedo para designar su reemplazante, tal como lo manda la ley.

Sin que nadie lo designara o autorizara, el Dr. Toranzos hasta ese momento Defensor Adjunto con mandato vencido en la misma fecha que el de Sopeña, se quedó como Defensor “trucho” hasta 2008. Fecha en que se fue porque dejaron de pagarle el sueldo. Al no tener designación alguna que justificara sus cuatro años de ejercicio ilegal no podrían los legisladores destituirlo; por eso lo borraron de la lista de sueldos a pagar.

En esos años los legisladores dela oposición, recuerdo a Laborda Ibarra y Risma, se retiraron dela sesión cuando Toranzos fue a rendir cuenta de su trabajo como defensor no designado, trucho que le dicen.

Es decir que desde octubre de 2004 en San Luis se incumple con la Constitución en su Capítulo XXIII – Art. 235 y su ley reglamentaria VI -0167-2004.

Incumplir una ley es violarla, es delinquir. Cualquier ciudadano de a pie que actúe así sería juzgado y muy probablemente condenado.  Pero no pasa eso con los legisladores provinciales. Desde 2004 a la fecha, todas las conformaciones de las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Provincia de San Luis incumplieron la constitución y la ley.

Muchos, muy muchos, demasiados, sabiendo la realidad callaron y aún  callan. Por obediencia, por temor, por conveniencia  o … vaya uno a saber por qué cuernos lo hacen.

 

Está claro que la responsabilidad principal de la no designación del Defensor es de los bloques oficialistas, porque son los únicos que reúnen el número que la ley exige para presentar candidatos. No lo hacen porque es la orden que reciben de sus jefes, los hermanos Rodríguez Saá.

Años atrás un legislador del oficialismo me contó que en una reunión con el gobernador analizaban la agenda legislativa, se le preguntó qué hacer con la designación del Defensor. A lo que Alberto Rodríguez Saá le contestó categóricamente: “—No me hinchen más  las pel… con la Defensoría”.

 

Los legisladores opositores no han tenido el número exigido para presentar candidatos, pero eso no justifica a mi juicio, que nunca hayan planteado ese tema en alguna forma en la cámara y por sobre todo ante el pueblo que los vota. Porque no se es legislador sólo en el Palacio Legislativo, en las sesiones, sino en todo momento y ante todo el pueblo de la provincia. Mucho más cuando están viendo de qué manera se deja de lado una nueva institución republicana dedicada al control al Poder Ejecutivo. Estos legisladores no han planteado el tema a los sanluiseños, por lógica la agenda política de la que se habla en la provincia es la que el gobierno quiere, no la que se necesita para vivir a pleno una democracia republicana. A mi requerimiento sobre este silencio, un legislador de la oposición, me contó que al plantearlo a un grupo de vecinos, éstos le respondieron que no tenían idea de lo que era y para qué servía, que no les interesaba.

¿Por eso callan el tema en cada elección? ¿No saben que también deben informar, educar acerca de las herramientas que la constitución nos da para defendernos, para controlar? ¿El que algunos no sepan, da lugar a convertirse en cómplice silencioso de una violación a las normas jurídicas que nos rigen? ¿No saben transmitir que si se deja pasar estos delitos constitucionales se abre las puertas a una dictadura por más que tengamos elecciones?

 

Hace un par de años legisladores de la UCR presentaron un proyecto para modificar la ley vigente, tengo entendido que es un buen proyecto, por lo cual no fue tratado nunca en las comisiones con mayoría oficialista. También en este caso esos legisladores cometieron el error de no informar amplia e insistentemente.  Muy pocos saben o supieron de ese proyecto, cuando debió tomar estado público y  ser debatirlo para presionar socialmente hasta su aprobación. O para desenmascarar a los responsables de esta, insisto hasta el cansancio, violación a la constitución.

 

Cuando se gobierna con mentalidad feudal no se quiere tener los controles como los que debe hacer un Defensor del Pueblo, de ahí la orden de los hermanos Rodríguez Saá para que no se elija. Seguirán así hasta lograr el olvido de su existencia y en cualquier momento, aprovechando sus mayorías obedientes eliminar ese artículo de la constitución y llevar esa decisión a una consulta para que ratifique ese manotazo, tal como ha ocurrido en otras ocasiones en que se aprobaron reformas a la constitución por la vía legislativa a través de maniobras electorales más que oscuras.

 

Estamos viviendo en una provincia en la que desde 1983 se incumple, se viola, se delinque en lo constitucional y legal. No solo en este caso. Hay otros.   Pero no parece ser tema de interés para el conjunto de partidos y dirigentes políticos que se definen como opositores.

 

Me pregunto además ¿Qué se enseña en las escuelas cuando se habla de respeto a la Constitución?  ¿Qué cuando llegan al Art. 235? ¿Cuándo y quiénes crearán conciencia política en los sanluiseños para vivir en una república?

Entiendo, despreciándola, la inacción de los legisladores oficialistas porque de su obediencia depende su carrera política.

No puedo entender el silencio e inacción de la oposición. Tampoco el silencio de los comunicadores.

Pensar que quien creó la fuerza política a la que dicen pertenecer los responsables de esta inequidad dijo en una ocasión:

“— Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

                                                            San Luis. Abril 24 de 2018