el 30 de noviembre de cada año finaliza el período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo de San Luis (Art 114 de la Constitución). Y en este período 2012 tampoco los legisladores provinciales cumplieron con su obligación legal de designar al Defensor del Pueblo, cargo vacante desde noviembre de 2004. Vacancia ésta que tuvo la particularidad de contar con un defensor trucho hasta 2008, algo incomprensible y que sólo puede ocurrir allí donde la Constitución y las instituciones de la república no se respetan.

Si bien se espera que ningún gobernante, ni ningún legislador ignoren  sus responsabilidades y  para que nadie dijera “me olvidé”, este año le envié dos cartas documentos al Vice Gobernador de la provincia Ing. Jorge Raúl Díaz  pidiéndole que les recuerde a los legisladores que deben cumplir con el procedimiento que marca la ley para proponer primero y designar después al Defensor del Pueblo. También le envié carta documento a la Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Graciela Mazzarino. Y una nota a los presidentes de los distintos bloques de diputados: Amitrano, Ponce, Haddad, Ceballos y Giraudo.

El Sr. Vice Gobernador pese a que le recordé la vigencia del Art 17 de nuestra Constitución que le obliga a responder por escrito al peticionante, no me respondió. Por lo que parece ser que eso de respetar la Constitución no es para él.  Formuló declaraciones a la prensa oral en las que demostró no tener idea de qué es un Defensor del Pueblo. Hay referencias a que una de mis notas pasó a Comisión en la Cámara de Senadores. Quizás así  los senadores  sepan de qué se trata.

La Lic. Mazzarino  me respondió  eludiendo su responsabilidad como Presidente de la Cámara de Diputados, sin asumir que  le cabe  recordar a sus presididos  las  obligaciones que les son propias.

El Diputado Amitrano no contestó como era de esperar ya que es la voz oficialista en la cámara y  uno de los principales  responsables de no mover un dedo para cumplir con la Constitución y la Ley en este tema.

Los presidentes de los bloques de diputados de la “oposición” no  contestaron,  ni tengo noticias de que hayan formulado algún planteo sobre el tema en alguna sesión, tampoco sé de  declaraciones a la prensa.

La causa penal que abrí en el 2007 en el Juzgado de Instrucción Penal Nº 3 está a resolución de la jueza desde hace bastante tiempo. Se me ocurre pensar que si la denuncia no tuviese sustento o si estuviese mal planteada ya se habría expedido rechazándola.

La prensa oficialista ha desarrollado  una extraordinaria capacidad para tapar el tema. Sabe muy bien que de eso… NO SE HABLA.  ¡Pero se auto alaban como informadores!

 

Así las cosas. Tenemos una situación de flagrante incumplimiento de la Constitución (Art. 235)  y de la ley que la reglamenta  (Ley  VI -0167-2004).  Pese a la gravedad institucional que esta situación reviste,  a ninguno de  los responsables se les mueve un pelo.

La mayor responsabilidad le corresponde al oficialismo ya que son los únicos legisladores que pueden reunir el número suficiente de firmas para proponer un candidato.  También es responsable el  Poder Ejecutivo porque es el Vice Gobernador quien debe convocar a la Asamblea Legislativa para elegir al Defensor. También es dable esperar que en una democracia republicana  un  Gobernador se preocupe para que funcionen todas las instituciones en su provincia, aun cuando a él no le quepan responsabilidades directas.

Se ha conocido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la cual ratifica que los jueces y demás funcionarios judiciales pueden y deben actuar de oficio ante una inconstitucionalidad.

¿Servirá esta sentencia para que la justicia provincial se ocupe de las inconstitucionalidades que venimos sufriendo en San Luis? ¿Servirá para que mueva el tema de la no designación del Defensor del Pueblo desde noviembre de 2004?

Es evidente que sigue imperando el capricho antidemocrático de  los señores feudales, los hermanos Rodríguez Sáa.   Éstos no quieren Defensor del Pueblo, han dado muestras de ello y sus lacayos cumplen temerosos de molestar a los amos de la política provincial.

Eso está bien para el oficialismo.

Pero, ¿y los “opositores”? ¿No deberían al menos instalar el tema permanentemente ante el pueblo todo de la provincia, como muestra acabada del accionar totalitario de todas las expresiones de este gobierno?   Su inacción me duele más que la del oficialismo gobernante.

Unos y otros, todos han jurado cumplir con la Constitución y las leyes.

Muchos de ellos, además,  aspirarán a representarnos como legisladores municipales, provinciales o nacionales en el año venidero.

SAN LUIS. Noviembre 28 de 2012.