En razón de la práctica de los hechos consumados, en San Luis son escasas las posibilidades de analizar detenidamente los pro y contras de acciones gubernamentales y su correcto encuadramiento legal. El adolfismo lanza una iniciativa y no vuelve atrás. Por obediencia, capricho o por negocios, nadie discute una iniciativa del jefe, por más viciada que esté.

Queda así la oportunidad de ver hasta dónde llega la capacidad de la comunidad para defenderse y enfrentar la ilegalidad.

Se ha difundido la determinación de cobrar peaje en el tramo San Luis – La Punilla. La idea del peaje ha sido muy resistida a nivel nacional, tanto por los importes que cobran, como por la forma que se hizo -primero se cobra y luego se construye-, ha significado una notoria mejora en los caminos en que se aplicó.

Más el fin no justifica los medios. Se debería haber seguido el proceso de licitación y exigencias muy claras a la empresa adjudicataria. Esto que es lo deseable, no es lo que ocurrió en San Luis.

La Cooperativa Telefónica La Toma es la adjudicataria de la obra mediante procedimiento desconocido y muy probablemente a dedo, sin trámite licitatorio alguno.

Es reconocida la honestidad de esa Cooperativa y la de sus integrantes, así como la calidad del servicio que presta. Es indudable que también esta Cooperativa tiene la suficiente iniciativa como para proponerle negocios al gobierno; sobre todo a partir de la realidad de que en poco tiempo el negocio de los teléfonos puede salir de sus manos. Pero una iniciativa, una propuesta no reemplaza el trámite legal al que debe ajustarse el gobierno.

Una obra de esta naturaleza tiene un trámite claramente legislado. Debe licitarse evaluando tanto la capacidad técnica específica, como la económica y el beneficio para la provincia. Nada de ésto se hizo. Y una cooperativa telefónica de buenas a primeras y sin que nadie lo pueda probar, parece haberse especializado en obras viales. Trabajos éstos que como cualquiera sabe exigen recursos que las empresas especializadas no siempre tienen o cumplen. Nada más ver el estado lamentable de los caminos hechos recientemente por la empresa Gualtieri para constatar todo lo que requiere la dedicación a la obra vial.

No se tiene conocimiento de ninguna evaluación técnica ni financiera ni de recursos humanos de la Cooperativa La Toma para que pueda ya ser encargada de la obra y para que inicie trabajos. El trámite no se reemplaza con la buena voluntad, ni con los buenos antecedentes en el negocio específico de los teléfonos. Como dicen los paisanos una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Los funcionarios tienen leyes a que ajustarse. Si no lo hacen incumplen sus deberes. La responsabilidad les cabe a directores, subsecretarios, ministros y gobernador. Además hay responsabilidades para senadores y diputados que deben velar por el buen proceder. También los jueces, fiscales y Defensor del Pueblo debieran actuar de oficio en defensa del sistema democrático de vida que nos obliga a cumplir las leyes. Todos estos funcionarios, legisladores y jueces serán cómplices de un delito: es decir serán delincuentes.

Estas cosas han sido muy comunes en el adolfismo, y siempre han ido de la mano del enriquecimiento sospechoso y rápido de muchos funcionarios. También con la mala calidad en muchas obras. La sociedad toda debiera ahora arremangarse y exigir que se cumpla con lo legislado.

Quede en claro que por más buenos antecedentes que tengan los integrantes de la Cooperativa, si continúa este procedimiento, también estarán incursos en la comisión de un delito. Y además sospechados seriamente de participar en un estado totalitario que hace a su antojo fuera de la ley.

Publicada en EL DECAMERÓN – Año 3 – Número 44 – 2 de Enero de 1998