El acceso a la información pública es un derecho que nos corresponde a todos los ciudadanos. Para saber qué y cómo hacer; para conocer el accionar de nuestros gobernantes y legisladores, para evaluarlos y exigirles como corresponde.

Los avances en la informática hacen muy fácil el poder acceder a la legislación, sus decretos de promulgación, de reglamentación, etc.

La Nación cuenta desde hace muchos años con www.infoleg.gov.ar, sitio en el que se pueden conocer e imprimir las leyes, incluyendo el acceso que vincula a cada una con resoluciones, decretos y decisiones administrativas que se relacionan con la ley original.

Resulta así tarea liviana el poder conocer y estudiar las leyes y todo lo que con cada una de ellas se relaciona.

EN SAN LUIS

En nuestra provincia, que tanto alardea de estar a la cabeza en informatización del Estado y de su Autopista de la Información, no pasa esto.

Se puede acceder y con facilidad al Digesto de Leyes, bastante simplificado tras el proceso vivido en el 2004 de ratificación o derogación de leyes. Si bien esas derogaciones tienen un alto impacto en la conservación y conocimiento de la memoria legislativa de San Luis.

Pero el actual desarrollo del Digesto sólo en algunas ocasiones incluye un acceso a los decretos de promulgación y nunca a los reglamentarios. Las leyes correspondientes a varios Planes Maestros señalan la existencia de Anexos que forman parte de la ley, pero que no están publicados junto a ella. Tampoco se señala la vinculación por ejemplo con decretos en los que se adoptan decisiones concernientes a lo legislado, a designaciones de autoridades y personal, ni con el presupuesto fijado para ese sector o actividad.

Situación ésta que dificulta enormemente el seguimiento de la actividad de gobierno, ya que obliga a largas y escabrosas búsquedas en el Boletín Oficial.

Con el actual desarrollo de la informática el no contar con un sistema ágil y completo como el que brinda infoleg en el gobierno nacional, no es sino una forma de esconder información, de no cumplir con el artículo 9 de nuestra Constitución Provincial de publicidad de los actos de gobierno.

Insisto, ya iniciado el siglo XXI resulta muy fácil contar con un sistema así. Sólo se requiere verdadera conciencia democrática y republicana y hacer bien las cosas. Por cierto que no siguiendo el modelo del TRAMIX judicial de tan pobre desempeño.

De nada vale presentarse como una provincia líder en digitalización, si se nos niega la información completa e inmediata de los actos del gobierno.

Y si se esconde la información o se la niega, es porque hay temores a que se conozca todo lo que hacen los gobernantes, porque hay necesidad de esconder lo más que se pueda. Por ejemplo con los muchos cambios del destino de las partidas presupuestarias, lo que convierte al presupuesto provincial en juguete para gobernantes desaprensivos.

Ojalá alguien empuje esta necesidad de contar con una base informativa al menos igual al ya mencionado infoleg nacional. Sería además una oportunidad para que los responsables de la Autopista de la Información, demuestren su capacidad y el gobierno su transparencia.

                                                  SAN LUIS. Noviembre 11 de 2014