El intenso relato de las calidades educativas sanluiseñas nunca podrá ocultar la realidad de una educación en decadencia. Quizás no se note tanto, porque toda la educación argentina viene en decadencia desde hace años, sin que los responsables o los que aspiran a serlo, quieran ver la realidad y enfrentarla. Pareciera que para triunfar en nuestra política argentina, un pueblo con mucha y buena educación es un obstáculo.

De ahí que se multipliquen las acciones e inacciones para evitar que nuestras jóvenes generaciones tengan garantizados sus derechos educativos en plenitud.

En San Luis esas acciones e inacciones se fundamentan,  en muchos campos, en el incumplimiento por parte del gobierno feudal de las leyes que ellos mismos supieron promover y sancionar.

En el 2004 y tras aquel recordado conflicto gremial docente el gobierno de Alberto Rodríguez Saá envió su proyecto de Estatuto Docente, dicen que consensuado con algunos dirigentes de aquel momento y que hoy brillan por ausencia y silencio. Ese proyecto se convirtió en la ley XV – 0387/2004, que de inmediato fue reglamentado por el decreto 4521/2004.

Nunca estará de más decir que gran parte de lo que hoy sucede en nuestra educación provincial deriva del incumplimiento de este estatuto. Veamos ahora tan sólo una de estas cuestiones.

El Art. 10 bis de la citada ley dice: “Créese seis (6) Centros Técnicos de Apoyo al Aprendizaje, con función itinerante uno (1) por cada región educativa. Estarán conformados de la siguiente forma: un Psicólogo, un Psicopedagogo, un Fonoaudiólogo y un Asistente Social. Las funciones operativas de los mismos se establecerán en la reglamentación de la presente Ley.” Estos centros o CTAAP, corresponden a los viejos Gabinetes Psicopedagógicos.

Lo primero que cabe decir y que es fácil advertir, es que un solo profesional en esas cuatro especialidades, no alcanzan para  cubrir las necesidades de toda la población escolar de las regiones educativas.

Lo que se agrava por la larga persistencia de la dotación incompleta o carencia total de estos profesionales en algunas regiones. Desde el 2004 a la fecha sólo la Región Educativa I (Pueyrredón, Belgrano y Ayacucho) ha estado completa.

Muchas escuelas con mucha población estudiantil y con pocos profesionales previstos por ley y que además en la mayoría de los casos no están designados, configuran una muy grave y dañina situación ante los muchos y variados problemas que afectan la tarea de enseñanza aprendizaje.

Una realidad así es la que deben enfrentar maestros y directivos tratando de resolver problemas para los que no poseen la formación específica.

Allá por el 2015 le solicité al Ministro de Educación Marcelo Sosa, informes acerca de la situación de los CTAAP conforme lo permite la Ley de Acceso a la Información Pública. NO RESPONDIÓ.

Lo reiteré en el 2016 al entonces Ministro Amitrano. NO RESPONDIÓ.

Lo reiteré en 2017 a la actual Ministra Natalia Spinuzza. NO RESPONDIÓ.

Este persistente silencio hace pensar que el gobierno provincial no tiene respuesta satisfactoria; siempre dentro de la también persistente costumbre de no respetar las leyes que ellos mismos promovieron.

Son puro cuento las expresiones de Gobernador de los Pobres, de la Inclusión Social, delos Derechos Humanos, de la Calidad Educativa, porque las carencias de los CTAPP perjudican por sobre todos a los sectores sociales más carecientes y que no pueden resolver los problemas escolares de sus niños, por falta de  recursos  o porque no existen en sus lugares de residencia esos servicios profesionales.

Otro dato más de la gravedad del problema es que este tema es ignorado por intendentes, legisladores provinciales y dirigencia política. No parecen conocer de las carencias de sus representados y hasta el momento no han efectuado las gestiones suficientes (al menos no recuerdo ninguna), para lograr revertir este daño a la educación de nuestros educandos.  Es quizás, una muestra más, que la educación no está en la agenda de las prioridades de nuestra política. Así nos va.

En la reciente reunión de la ministra Spinuzza con representantes gremiales, éstos le plantearon el tema. La ministra  demuestra buena formación en eso de evadir respuestas y compromisos concretos; además de no saber mucho de educación.

Reitero, este daño a la educación provincial en general y a la de los sectores más necesitados en particular, se origina, una vez más, en el incumplimiento de una ley.

Pero eso no parece interesarle a nadie, ni a los poderes del Estado, ni a la política.

Lamentablemente de esto… no se habla. Si el tema no se generaliza, no se instala en la agenda diaria de los sanluiseños,  ¿cómo puede alguien pretender que el pueblo sepa lo que le corresponde y elegir bien?

SAN LUIS. Abril 26 de 2018