Como tantos otros más vengo hablando sistemáticamente del gobierno feudal que tenemos en San Luis. En donde se replica actualizado, el sistema de los señoríos feudales de la Edad Media y en la que los señores se eran dueños de haciendas y vidas. Lo que el feudo daba en cuotas de alimentos y de seguridad, el vasallo lo pagaba con el servicio de las armas. Hoy las viviendas, los planes asistenciales, los trabajos precarios, etc. se pagan con el apoyo en las elecciones, la participación actos y cosas por el estilo.

Tanto viene funcionando así el sistema en San Luis, que para muchos parece ser la cosa más natural, ya que los que andan por los 40 para abajo, es la única forma de gobierno que conocen. Desconocen, la verdadera democracia, la división y autonomía de poderes, el contralor al gobierno, etc.

Lo que da pie a que no falten aquellos que a diario pisotean las verdaderas estructuras de nuestra democracia republicana, en aras de su crecimiento económico, político y social. Usualmente con la más obstinada y hasta ignorante de las obsecuencias.

Más aún, estando ya en el siglo XXI, no puede haber feudalismo sin ignorancia, sin renunciar a la plenitud de sus derechos humanos, sin dejar de ser una persona digna.

Lo ocurrido el lunes 26 en la localidad de Papagayos es una cabal y dolorosa muestra de ese feudalismo, ya que costó una vida, la de una joven discapacitada de 20 años.

Y esto ocurrió a tenor de las versiones porque la Jefa del Programa Medicina del Interior, Mónica Cabrera ha dado la orden de que la ambulancia de Papagayos no puede acercarse a menos de 300 metros de la casa de la Dra. Vanina Elizondo; como tampoco la sala de salud puede  entregar remedios recetados por la Dra. Elizondo.

Esta situación deviene de las broncas personales surgidas a raíz de una denuncia presentada por la Dra. Elizondo ante el INADI, por situaciones vividas en esa sala de salud.

Imponer una orden restrictiva como la de ponerle límites al alcance de la ambulancia o como prohibir entrega de remedios prescriptos por una profesional matriculada conforme las leyes vigentes, constituyen una atroz actitud de ignorancia, de inhumanidad, de usar el cargo para dirimir situaciones personales usando los recursos estatales que están al servicio de todos las personas que los necesitan. Porque en una urgencia por paro cardio – respiratorio, como fue este caso, no cabe ni pedir identidad ni certificado de domicilio.

Una orden restrictiva para las personas la puede dar la justicia cuando así corresponde. Esto de dar una orden restrictiva en distancia para una ambulancia o para que se entreguen remedios recetados, es propio de quien se cree con poder de vida y muerte sobre las personas. Tal como en los peores feudos de la Edad Media.

Una bronca personal, la incapacidad de entender deberes y derechos, el creerse más de lo que es, el escaso respeto a la vida misma han causado una muerte, por una causa evitable para la medicina actual, con tal de que sea atendida a tiempo.

Sabemos cómo son estas cosas. Con seguridad que no hay órdenes escritas, que se negarán dichos y hechos, que quizás le carguen el fardo a algún “perejil”.

Pero una situación así era lamentablemente de esperarse. Porque desde diciembre de 1983 los responsables del gobierno provincial vienen usando los recursos estatales en su beneficio. Y ese pésimo ejemplo “baja” a todos aquellos que los reconocen como líderes o ejemplos.

Nos avergüenza ante el mundo lo ocurrido en Papagayos.

Lo que suceda de aquí en más respecto de este caso, servirá para saber quiénes son los que respetan la democracia republicana, quiénes están por la vida, quiénes velan por el Bien Común de los sanluiseños.

          SAN LUIS. 27 de mayo de 2014.