La Constitución Provincial de 1987 incorporó esta figura a su texto, siendo una de las primeras provincias argentinas en  tener esta moderna institución que viene a perfeccionar esta democracia nuestra.

Inicialmente se acordó que el Defensor sería propuesto por los bloques parlamentarios de la minoría. Así fue como se designó inicialmente al Dr. Juan Cristóbal Barbeito, quien cumplió una destacada tarea, además de la propia de organizar una institución nueva.

Origen del problema actual.

Con la experiencia de Barbeito como Defensor, a los Hermanos  Rodríguez Sáa les quedó claro que no debían en el futuro correr más riesgos; por lo que cambiaron la designación de modo tal de asegurarse que los futuros Defensores surjan de sus propias filas. Más adelante harían otro ajuste, acortando el mandato,  siempre capitalizando experiencias para impedir tener un Defensor del Pueblo molesto a sus designios.

Entre el 2000 y el 2004 actuó como Defensor el  Dr. Jorge Aníbal Sopeña, quien   para ejercer este cargo debió renunciar  a la Senaduría Provincial por el Depto Ayacucho a la que accedió en representación del PJ. Algo no le gustó al Gobierno de la actuación de Sopeña, de ahí que modificaran la ley dejando el mandato en un (1) año, con posibilidades de un período más por igual término.

Un año de mandato para un Defensor del Pueblo es todo lo más  corto que se puede  para no tener a alguien que moleste por mucho tiempo. Es tan breve este mandato que no da lugar para que se ponga en práctica una política al menos  de mediano plazo para ejercer el control que esta misma ley señala debe ejercerse sobre el Gobierno Provincial.

El mandato de Sopeña finalizó el 8 de noviembre de 2004, al no haberse designado el nuevo defensor, informó a la Asamblea Legislativa que cesaba en su cargo y dejaba al Adjunto, Dr. Aníbal Toranzo, en funciones. La Ley dice que el Adjunto  reemplaza provisoriamente al titular en los supuestos de cese, imposibilidad, ausencia o excusación.

Pero van ya tres años de este “reemplazo provisorio”. Si Toranzo hubiese sido elegido en el 2004 como titular y reelegido en el 2005 habría completado el máximo de dos años que prevé la ley. Pero ya lleva tres años de reemplazo provisorio. Dura más lo provisorio que el mandato legal.

Durante estos tres años se levantaron varias voces reclamando la designación de un nuevo Defensor titular. Inútilmente, nunca los responsables movieron un dedo para hacerlo.

¿Quiénes eligen al Defensor del Pueblo de San Luis?

Lo designa la Asamblea Legislativa, a propuesta conjunta de al menos tres senadores y catorce diputados. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque los únicos que están en condiciones de reunir esa cantidad de firmas son los legisladores de los bloques oficialistas y ellos  no  tienen  vocación de hacerlo cuando no hay orden del Gobernador. Estos legisladores son dependientes, no están autorizados para tener iniciativas autónomas. Y además tienen miedo de ofender a los Jefes y quedarse sin nada en el futuro.

Es mayor ese miedo que su apego a la democracia, la constitución y las leyes.

En este sentido son responsables los diputados y senadores;  quienes han presidido esas cámaras desde el 2004 a la fecha y la Vicegobernadora, quien es la presidente de la Asamblea Legislativa. Quedan exceptuados los legisladores de la minoría que supieron reclamar por esta inacción y que se retiraron del recinto cuando el Defensor Provisorio Dr. Toranzo acudió a rendir cuentas de su accionar.

Por cierto que el Dr. Toranzo nunca reclamó (al menos nada se ha sabido)  por esta falta de designación. Otra táctica de Toranzo para seguir en este cargo, ha sido la de no molestar al Gobierno. Es decir a no  actuar ante las muchas falencias en la acción de gobierno. Sí se dedicó por ejemplo,  a efectuar reclamos al Intendente de San Luis (opositor), pero callando ante  el Intendente de Villa Mercedes (tropa propia). Cabe aclarar que el Defensor del Pueblo en San Luis, no tiene jurisdicción municipal.

Años atrás le reclamé por Carta Abierta la inacción ante los problemas educativos que hacían que hubiese escuelas tomadas  y calles cortadas, por la no-designación de docentes, la no-provisión de  muebles, el mal estado de los edificios. Un asesor me recibió para decir que no sabían mucho de esas tomas, pero que habían hecho pedidos. Por cierto que no estaba en condiciones de mostrar esos pedidos.

Tampoco  este prolongado provisoriato  de Toranzo hace algo para atender la delicada situación en el sistema de salud provincial, con falta  de profesionales que renuncian por los bajos sueldos y falta de equipos y materiales. Tampoco por los sueldos de estos profesionales que se pagan con cheques de inclusión social (bonos) y que no gozan de estabilidad laboral, ni de aportes previsionales.

Tampoco está actuando el Defensor  Toranzo, en los reclamos villamercedinos por el tendido de una línea eléctrica que  una añosa arboleda en la zona de quintas y canales de riego. Y eso que él mismo es nativo de Villa Mercedes. Tampoco ante la mala calidad de la obra pública. Ni ante la violación de la autonomía municipal.  Y hay muchos ejemplos más de su desinterés en actuar ya sea  por temor o por incapacidad. Pero es indudable que esta inacción, gusta al poder. No se explica de otra forma que un reemplazo provisorio, dure más que el mandato de un eventual titular.

Denuncia Penal.

Como nunca nadie pareció oír los reclamos para cumplir con esta ley, finalmente el lunes 26 de noviembre presenté una denuncia penal contra los responsables de la no-designación del Defensor del Pueblo de la Provincia de San Luis desde el  8 de noviembre de 2004 a la fecha.

Tras presentar  esta denuncia en el Juzgado Nº 3, entregué notas informando de la denuncia a la Vicegobernadora Sra. Blanca Renée Pereyra; a la Presidente Provisional del Senado, Sra. María Antonia Salino; al Presidente de la Cámara de Diputados Prof. Julio César Vallejo y al mismo Dr. Toranzo.

Es de esperar que esta justicia provincial, tan sospechada y denunciada como amiga del poder, intervenga, investigue y sancione en todo lo que quepa.

La  denuncia será sostenida allí donde corresponda y difundida ampliamente  para que sea hecha propia por todos aquellos que queremos vivir en un estado de derecho y en una democracia representativa, republicana y federal. Perfectible, pero sobre la base de su respetada vigencia.

SAN LUIS. Noviembre 27 de 2007.