La persistente vocación digna de mejor causa, que muestra el gobierno feudal de San Luis para diluir, violar o romper la vida republicana en nuestra provincia, termina agotando adjetivos, saturando la paciencia, enojando.
Derecho a la Información Pública
De a poco se ha instalado en el mundo el derecho a la información pública, garantizando el fácil acceso a ella.
La Constitución Nacional en su Artículob75 inc. 22 enumera los tratados internacionales que “… tienen jerarquía superior a las leyes”. Entre ellos encontramos:
- Declaración Universal de Derechos Humanos – Art.19 :Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre – Art 24: Derecho de petición Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular y el de obtener pronta resolución.
- Convención Interamericana de Derechos Humanos – 13 inc. 1: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto
- Constitución de San Luis – Derecho de petición – Artículo 17: Establécese el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser ejercido individual o colectivamente. La publicación de dichas peticiones no da lugar a la aplicación de penalidad alguna a los que la formulen. La autoridad a la que se haya dirigido la petición, está obligada a hacer conocer por escrito al peticionario la resolución pertinente, que debe producir de acuerdo a la ley y bajo las penalidades que se determinen legislativamente.
- Constitución de San Luis – Libertad de expresión y derecho de información – Art.21: “…Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información…”
No creo necesario precisar todo aquello que obliga a las autoridades a cumplir con la Constitución y las leyes. Menos aun cuando en el ámbito de nuestro San Luis el juramento de las autoridades del Ejecutivo según el art. 154 de la Constitución dice: “Al tomar posesión del cargo el gobernador y el vicegobernador prestan ante la Legislatura o el Superior Tribunal en su caso, el siguiente juramento: “Yo N.N juro por Dios y la Patria cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes de la Nación y de la Provincia …”.
Nuestra ley y de cómo se la cumple.
Completando este marco tan claro y contundente, el 3 de junio de 2015 se sancionó la ley V-0924 de Acceso a la Información Pública, que el Gobernador Poggi se tomó cuatro meses para publicar el decreto de promulgación, mucho más de los diez días que le marca la Constitución. No me cabe duda alguna que esta demora ya anunciaba la vocación por incumplirla.
Es de lamentar que esta ley no ha tenido, ni tiene una difusión y reconocimiento acordes a su importancia en una república democrática. Triste evidencia que otros temas tienen más importancia que fortalecer los cimientos republicanos.
A partir de esa ley, solicité varios y distintos pedidos de información, ajustándome en un todo a lo prescripto por ella. La pedí a los por entonces Gobernador Claudio Poggi; Ministro de Educación y Rector Interino de la ULP Marcelo Sosa y Director de Estadísticas Adrián Garraza.
Sólo Garraza respondió. Poggi y Sosa, hoy diputado nacional el primero y diputado provincial el otro, mostraron con su silencio, su desprecio para con la Constitución y la ley.
Lo que me llevó a presentar la Acción de Amparo que corresponde en diciembre. Allá por mediados de agosto la resolvieron negativamente y con costas a mi cargo. Por ahí está andando la apelación. Ya se verá con qué suerte final. Mientras tanto, queda claro que quien amparado en la Constitución y la ley, pide información sin recibirla debe pagar costas; los funcionarios que no cumplieron con su obligación legal deben estar haciéndome pito catalán.
Insistiendo
Y como de no cejar se trata, volví a presentar pedidos de información:
- Por Expte. 8090040/16, dos pedidos al Gobernador Alberto Rodríguez Saá.
- Por Exptes. 8080273/16; 8080293/16 y 8100161/16, tres pedidos al Ministro de Educación Marcelo Amitrano.
- Por Expte. 8080001/16, tres pedidos al Rector de la Universidad La Punta Fernando Salino
- Por Expte 8120452/16, un pedido al Rector de la Univ. Prov. De Oficios Eva Perón Joaquín Surroca.
Mientras yo insisto en los pedidos; ellos insisten en el silencio.
Pasaron los diez días que señala la ley provincial para que respondan o para que informen su necesidad de tomarse diez días más, sin que nada hicieran.
Razón por la cual los intimé a todos por Carta Documento para que en el término de cinco días procedan a brindar la información requerida. Plazo este último que venció para todos estos funcionarios excepto para el Rector de la UPRO Joaquín Surroca que dispone unos días más
El porqué de mi insistencia.
Todas nuestras decisiones, entre ellas nuestras decisiones electorales, son tomadas en base a la información que disponemos en ese momento y en los previos. De ahí la necesidad gubernamental de ocultar los fundamentos y consecuencias de buena parte de sus acciones. De ahí también, mi interés en que se conozca cómo nuestro gobierno provincial incumple con:
- Constitución Nacional y los pactos internacionales incluidos en ellas.
- Constitución Provincial.
- Leyes Provinciales.
¡Completito el combo feudal! Antes con Poggi y Sosa. Hoy con Alberto Rodríguez Saá, Amitrano, Salino y Surroca.
En respuesta, nuestro combo republicano debe incluir:
insistir,
no dejar pasar,
no callar,
no olvidar,
saber decidir.
SAN LUIS Setiembre 8 de 2016.