Otro de los temas de los que en San Luis  se habla entre poco y nada es el de la violencia que sufren las mujeres.  ¿Silencio por  indiferencia, por comodidad,  por  no saber  o por no querer saber,  por temor? 

Entre silencios que llevan a la inacción,  quedan en el olvido la opción preferencial por los pobres, el bien común  pasa a poderosa utopía  y  el agravio a la dignidad de las personas lleva a una sociedad sin dignidad.

Cualquiera sea la razón de silencios e inacciones, el caso es que muchos, demasiados, terminamos siendo cómplices de lo que no queremos ver o de lo que callamos.

La violencia  que están recibiendo las mujeres en nuestra Patria  duele y  avergüenza,  por  cantidad  y  por  gravedad.  Las  reacciones sociales, incluyendo la movida NI UNA MENOS,  no parecen hacer mella   a una creciente  ola de agresiones y crímenes.

Las palabras ya no sirven de mucho, lo que se necesita son acciones reales y concretas, no medidas que sean puro jarabe de pico, ni que transiten por la inútil  burocracia  tradicional.

No parece suficiente el  visibilizar  estos casos y sensibilizar a la sociedad  acerca de ellos. Lo que cabe hacer es exigir a las autoridades que actúen con eficacia y eficiencia, no que terminen favoreciendo la  impunidad o una sanción no acorde a la gravedad de los hechos. Exigir a las autoridades y comprometernos a participar ayudando, sumando como voluntarios, etc.

 Veamos qué pasa  en San Luis.

DE LAS DENUNCIAS

De acuerdo a lo relatado por una red voluntaria de mujeres, en la ciudad de San Luis tenemos  un promedio de entre 6 y 8 casos semanales  de  violencia sufrida por  mujeres,  con distintos niveles de gravedad. Son los casos conocidos, en los que se pide ayuda, hay más que quedan ocultos por temor. Tarde o temprano, los casos que se callan,  terminan siendo mucho más graves.

No hace mucho LA NACION en una de sus muchas notas referidas a la violencia de género, citó casos no solucionados ocurridos en San Luis

Quien sufre este tipo de  violencia debe hacer una denuncia ante la comisaría más cercana, la que informa a la justicia y ésta  a la Secretaría de la Mujer NI UNA MENOS, para que se ponga en marcha el “sistema de protección”. Lo que mayormente ocurre  luego es que se pone en evidencia un”sistema de re victimización de la mujer y de probada incapacidad para amparar y resolver”. Lamentablemente el personal policial ha mostrado bastante habilidad en tratar de escabullir el bulto a su responsabilidad y busca la manera de sacarse el peso de encima. De la comisaría más cercana, la derivan a la correspondiente al domicilio donde ocurrió o viceversa.  Tampoco faltan las “opiniones” acerca de “qué habrás hecho para que  pase esto”.  En demasiadas ocasiones la policía  se resiste a tomar una denuncia y sólo recibe  una exposición, con lo cual el caso se licúa.

Si se concreta la denuncia, se  necesita  la  constatación de las lesiones, lo cual exige la intervención de un médico – generalmente de la salud pública- a donde la mujer debe concurrir por las suyas y nuevamente exponer todo lo que le pasó, lo que no le ayuda de nada a su estado emocional. O en su defecto pedir la intervención del  forense policial, de quien se ha dicho que no es demasiado amable en estos casos. No siempre esta constatación médica de las heridas ocurre en el mismo día.

Además,  la Comisaría interviniente debe encontrar al juez de turno para que resuelva lo inmediato: dar alojamiento seguro, orden de restricción al golpeador, etc.

No siempre es fácil encontrar al juez,  me dicen también  que de los jueces penales que deben intervenir, dos lo hacen con presteza, el otro no. Lo que sí destacan mis informantes, es  que suelen  acudir   a la Dra. Lilia Novillo, integrante del Superior Tribunal de Justicia,  quien cualquiera sea el  día y la  hora,  da las directivas necesarias para que se actúe de inmediato a  favor de la mujer agredida.

Lo que merece el mejor reconocimiento, si bien  estos casos  no debieran  estar sujetos a la  suerte de acertar con el  juez o de  acudir a quien integra al ST de Justicia.

El sistema de protección a la víctima debe funcionar siempre bien y sin depender de quien intervenga o a quien se acuda.

EL PENOSO PEREGRINAR

Por cierto que cada una de estas  instancias lleva tiempo y si la agredida no es acompañada por alguien que ayude, puede llevarle días o llegar a la nada. De ahí la importancia de esa red informal de mujeres que actúa tan solidaria y prestamente entre nosotros. Unas pocas mujeres, creo que no llegan a diez, en San Luis, Villa Mercedes y  Valle del Conlara.

 La mujer agredida debe luego recorrer  un largo camino burocrático, si lo hace con  acompañamiento de las voluntarias, puede tener un poco más de éxito. Debe ir a la Secretaría  de la Mujer NI UNA MENOS, para gestionar ayuda específica. Nuevamente debe hacer ante el personal administrativo y  sin privacidad alguna,  un relato de lo ocurrido. Debe contar con patrocinio legal,  pero  debe  esperar turno para los abogados voluntarios, que sólo atienden dos casos por mes y por gratuidad  sus gestiones  no suelen tener  la rapidez  que se  requiere. También se aconseja asistencia psicológica, pero sólo hay dos psicólogos disponibles para los que también  hay  que pedir y esperar turno.

Debieran ser abogados y psicólogos formados en violencia de género, lo que no siempre ocurre.

Se gestiona el botón anti pánico, ahora  denominado  de Alerta Temprana. Pero para que dé resultados debe contarse con celular de  última generación, con carga suficiente de batería y de Internet para que pueda funcionar la APP y el GPS; todo lo cual significa un fuerte gasto diario, usualmente inalcanzable para  la víctima.  Este botón ayuda bastante, pero su costo lo pone lejos.

El desamparo se agrava por las demoras en  ordenar la restricción de cercanía y domiciliaria. Porque si la vivienda está a nombre del agresor, ¿a dónde va la mujer? Si el agresor  aporta  a la economía familiar, ¿quién y cómo lo reemplaza? ¿Y los hijos, con quién quedan? En muchos casos desde la misma Secretaría de la Mujer se les aconseja que vayan a una iglesia a comer.

Para que puedan acudir al único refugio reconocido por la  justicia, a cargo de docentes y alumnos de la Universidad Nacional de San Luis,  se necesita  orden judicial. Mientras esa orden llega, son igualmente recibidas lo que no es lo mejor.

Para moverse en la ciudad,  acudir a cada lugar en donde deben cumplir una gestión, suelen  recibir una tarjeta para el transporte urbano por 4 viajes, que  alcanza para muy poco.

Si es así de difícil en ciudades como San Luis y Villa Mercedes, ¡cómo lo será en el resto de la provincia!

UN MALDITO COMBO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL     

Es muy difícil que una mujer víctima de violencia logre  todo lo necesario para superar la situación y reencaminar su vida. Lo que pueda obtener  es poco y suele llegar con tardanza.

La actual  secretaria de la Mujer, Adriana Bazzano, no se destaca precisamente por su  amabilidad y presteza en atender y dar soluciones. Más aún,  ha desmantelado desde el pasado 10 de diciembre y para mal,  buena parte del sistema que supo organizar años atrás “Tona” Salino, otra de los pocos funcionarios que se han destacado positivamente en esta problemática. Bazzano no muestra ser la persona indicada para ocupar el cargo que ocupa.

Así, nuestras mujeres sanluiseñas se encuentran con que además de la violencia machista que han sufrido, deben lidiar  con  una violencia institucional en la forma de una policía que no siempre asume su verdadera función, del mal trato de funcionarios,   de la dificultad de contar con la necesaria ayuda de profesionales de la salud y del derecho, con problemas de vivienda y alimentación, con que debe contar con una tecnología cara de adquirir y de mantener para contar con alguna protección. Y con una burocracia que trata  estos casos con la pesada lentitud de un trámite administrativo cualquiera.

Puede decirse  también y  sin mucho margen de error, que en San Luis  las llamadas al 144 no resultan  de mucha efectividad.

La ineficacia, la insensibilidad, la irresponsabilidad con que viene actuando el Estado Provincial es una violencia institucional que agrava y potencia la violencia física. Al no asegurar solución hace que muchas callen las agresiones sufridas.

Recientemente se te ha firmado un pacto con el gobierno nacional para brindar solución al problema, pero recién tendrá vigencia desde 2017.

DE LOS DERECHOS HUMANOS

La semana pasada  y después de mucho tiempo de creado por ley se completó la integración del Instituto Provincial de Derechos Humanos, integrado por un representante de cada uno de los poderes: Dr. Oscar Hee por el Ejecutivo, María A. Torrontegui por el Legislativo y la Dra. Claudia Ibáñez por el Judicial. Es aquí en donde surge una duda importante. Si estamos diciendo que el sistema ofrecido por el estado provincial para resolver esta forma de violencia, no está siendo bueno y con  claro incumplimiento de sus obligaciones por parte de los responsables de varias instancias, ¿qué van a hacer los miembros de este Instituto, si los dos primeros nombrados pertenecen al oficialismo gobernante? Además este Instituto debe trabajar en paralelo con la Dirección de Derechos Humanos, de la que poco se sabe en los últimos tiempos. En fin, mucha  burocracia, mucho repartir cargos, con poco eficacia para resolver  este flagelo.

 ¿QUÉ HACER?

Se impone crear un sistema absolutamente nuevo y distinto a lo actual.

Quizás un cuerpo específico  integrado por fiscales, médicos, abogados, asistentes sociales, policías, etc.,   todos debidamente formados para actuar en esta problemática, que estén siempre de guardia pasiva y que sean convocados por la comisaría a la cual  haya acudido la mujer agredida y que se hagan cargo de inmediato de ese caso, con una premisa fundamental: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA POR SOBRE TODO. Resolviendo con urgencia lo urgente y protegiendo a futuro. Es preferible, que se actúe en demasía a tener dudas y dejar pasar el tiempo a costa de mayores males.

Todo lo que se haga debiera formar parte de un protocolo claro y categórico. Protocolo que sea expuesto en  comisarías,  escuelas, centros comerciales, negocios, bancos, etc. Protocolo que sea respetado a  pie juntillas por los responsables de actuar.

Quizás esto u otra propuesta mejor. Pero está claro  que lo que  actualmente se hace, NO ES BUENO NI EFECTIVO.

Es imprescindible y urgente que se nos informe qué formación específica en temas de violencia de género están recibiendo nuestros policías. Qué  y cuánto se les enseña, quiénes lo hacen, cómo se aprueba. El modo en que la policía está actuando muestra que la enseñanza no existe, es insuficiente o es decididamente mala.

De nada sirve tratar de esconder los casos, salvo para mostrar insensibilidad de parte de los responsables.

Pero no todo es cuestión de exigirle al gobierno, la sociedad debe exigirse a sí misma como en cualquier otro tema y elegir  representantes sobre la base de su compromiso con este problema.

Debemos tener en cuenta que una sociedad es tan buena y justa, como lo es el trato que reciben los más débiles, los  que sufren.

SAN LUIS.  Noviembre 8  de 2016