Costó mucho en  personas torturadas, asesinadas o desparecidas, costó en educación, salud, respeto a la ley;  el recuperar la vigencia de la  república con democracia. Demasiado costo, como para que nos quedemos callados ante la persistente vocación por gobernar al margen de la Constitución que nos rige y de las leyes que de ella se desprenden.

En nuestro San Luis estamos próximos a cumplir 33 años de gobierno provincial a cargo de una misma familia con el agregado de  dos de sus laderos, Lemme y Poggi, que fueron cuidadosos obedientes en eso de incumplir el marco constitucional y  legal.

Defensor del Pueblo

Mañana 8 de noviembre se cumplirán 12 años de la renuncia del Dr. Sopeña a su cargo de Defensor del Pueblo. Renunció porque habiéndose vencido su mandato, la Asamblea  Legislativa no había elegido su sucesor. Hasta la fecha el Poder Legislativo sigue sin cumplir su obligación de designar a quien desempeñe tan importante cargo.

De nada sirvieron denuncia en los medios, notas y cartas documento enviadas a senadores y diputados, a las autoridades de sus cámaras y a las de sus bloques. Tampoco una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

El Superior Tribunal de Justicia me respondió que no le corresponde tan siquiera recordarle al legislativo que debe cumplir con la Constitución, a diferencia de la Corte Suprema de la Nación que actúa con energía creciente recordándole al legislativo nacional su obligación de designar al Defensor del Pueblo de la Nación.

Lamentablemente este tema ni siquiera forma parte de lo que se dice y propone en las campañas electorales.

 Autoridades Municipales.

La Constitución y  la ley de régimen municipal señalan con claridad y contundencia qué tipo de autoridad municipal le corresponde a cada localidad conforme la población censada. La ley añade que conocidos los censos el Ejecutivo debe señalar por decreto, qué gobierno debe tener cada localidad.

Eso no se cumplió con el censo 2001 y tampoco con el censo 2010. De este último hasta han llegado a decir que los resultados finales  no están  publicados, que San Luis no adhirió a ese censo, etc.

Tontas  mentiras que esconden la política de manejar los municipios al antojo del gobernante familiar o de sus ocasionales mayordomos gobernadores.

Incluso los jueces del Superior Tribunal de Justicia han emitido sentencias falaces ante mis denuncias, todo por el temor a contradecir a los amos del feudo. O por complicidad.

Recién en el 2015 este tema entró parcialmente en la agenda política electoral.

Nuevo impuesto

La semana pasada se conoció un proyecto de ley del gobierno provincial por el cual se quiere crear un impuesto a los empresarios que contraten empleados no nativos de San Luis o con una residencia menor a determinado número de años.

Una idea así por cierto que atenta contra los derechos constitucionales que nos asisten, en una flagrante discriminación que nos avergüenza ante la Nación toda.

Pero además, tanto el gobernador como sus funcionarios y asesores legales, están olvidando el Art 107de la constitución provincial que dice:

Artículo 107: Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

• La iniciativa de creación de las contribuciones e impuestos generales de la Provincia.….

Estamos ante un impuesto que debe ser tratado originalmente por la Cámara de Diputados para luego ir a la de Senadores. Con seguridad que se nos presentará alguna interpretación antojadiza de esta norma, para cumplir su objetivo de mayor facilidad y rapidez en lograr la ley, dada la obsecuencia senatorial.

 Observancia de la Constitución

Nuestra Constitución Provincial tiene también un artículo cuyo poderoso texto nos garantiza el vivir en el marco constitucional, tal como es uno de los más elementales derechos de los ciudadanos en una república.

Dice el Artículo 63:

En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas.

No obstante esta fuerte garantía constitucional, en San Luis pasan los años y la Constitución y nuestras leyes provinciales son letra muerta en todo aquello que puede afectar los intereses feudales de la familia Rodríguez Saá.  La misma que ahora, a través del señor de turno, habla de una especia de autonomía reforzada que se nos presenta como todo un atentado contra la unidad nacional, por la que tanto peleó el pueblo de San Luis otrora.

La persistencia en romper el pacto constitucional y legal entre gobernantes y pueblo es la fundamental para lograr impunidad en cualquier otra forma de corrupción.

En San Luis está suspendida parcialmente la observancia de nuestra Constitución y lo peor de todo no es lo malo que hacen estos señores feudales, sino el silencio y la inacción de tantos.

SAN LUIS. Noviembre 7 de 2016

 

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