Nadie puede decir “no lo sabía”.  Desde hace mucho que buena parte de nuestros consumos  de  servicios eléctricos y de gas eran pagados mediante subsidios del gobierno nacional, el que a falta de políticas que garantizasen la producción de energía y combustibles en la medida que lo exigía el creciente consumo, hizo cualquier otra cosa.

Era  sabido también que independientemente de lo dicho en la campaña electoral quien llegase a gobernar la Nación, habría de suspender esos subsidios. Porque además de ser altos, se estaban pagando con liquidación de las reservas y emisión monetaria. Es decir,  con pura inflación. La que a su vez era disimulada tras las mentiras de las estadísticas del INDEC.

En fin, toda una cadena de mentiras e incapacidades que se hacía imprescindible cortar. Afirmaciones en esta línea fueron dichas  por  economistas  que rodean a Scioli y a Massa, además de los de Cambiemos.

Quienes están al menos medianamente informados de la realidad nacional sabían que los  reajustes tarifarios eran ineludibles. Las dudas se planteaban en el cuánto, en el cómo y en el cuándo.

¡Hasta que vino nomás el tarifazo!

Como queriendo recomponer todo el atraso de una sola vez, por lo que surge con claridad y  fuerza dignas de mejor causa el problema que nos agobia.

Aumentos que llegan a  más del 3.000% son demasiado impactantes, casi confiscatorios podríamos decir, porque los subsidios del estado nacional nunca llegaron a esos porcentajes y no creo que las empresas prestadoras de esos servicios hayan venido trabajando a pérdida.

Se impone a mi juicio y desde esa perspectiva, una clara explicación de cómo se llegó a tamaños aumentos, en qué rubros, etc.  Es decir, hacer también este tarifazo con la transparencia que se promete en otros campos. Si no se da esa explicación …

Veamos ahora quiénes  y cómo deciden.

Un incremento tarifario y más aún si procura solucionar un importante atraso, tiene un muy fuerte impacto en las familias y en toda la actividad  económica.

Se me ocurre que resolver la dimensión del aumento tarifario es tarea de un equipo interdisciplinario y por ser éste el gobierno de una sumatoria de expresiones políticas, inter partidario. Equipo que al menos aplique al analizar el tema una matriz FODA (Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas). O que haya quienes hagan de abogados del diablo. Un equipo que tenga conciencia del impacto  en el costo de vida, de la producción, del comercio, del entretenimiento, la educación, la salud.

No parece que eso haya ocurrido. Más bien parece y así quisiera creerlo,  que fue una decisión tomada desde una única perspectiva, la de los empresarios privados. O desde la soberbia que cree saberlo todo pero que carece de la capacidad y sensibilidad de mirar el todo.

Todo lo cual me hace decir que es responsabilidad del Ministro de Energía Ing. Juan José Aranguren. Que sabe energía pero desde el lado de las empresas y en su caso de una multinacional en la que trabajó durante más de 30 años. Empresas en las que prevalece la búsqueda de ganancias, sin mayor preocupación por las consecuencias en otros sectores  o del  país mismo.

Quien ejerza como  ministro en cualquier ramo, debe tener una visión holística y saber y practicar que la medida de todas las cosas es la persona humana; que cualquier cosa que la afecte en sí misma o a sus actividades, no es buena. Un ministro debe ser especialista en su tema y también en humanismo.

No creo que los responsables de esta medida tengan esto último.

Está bien que el gobierno reconozca  ahora que hubo errores, habrá que ver qué, cuánto y cómo se lo corrige. De todos modos no habrá de ser poco el precio político que se pague por este tarifazo.

Y si hubo errores… ¿hay responsables? ¿O culpables?

Otra cuestión más y de la que no se habla.

La ley 25188 de Ética en la Función Pública dice entre tantas otras cosas usualmente dejadas de lado que:

• Aquellos funcionarios que se hayan desempeñado en la actividad privada en los tres años inmediatos anteriores a asumir sus funciones en el gobierno, deberán abstenerse de intervenir  en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado o tengan participación societaria.
• Que si lo hace, sus actos “…serán nulos de nulidad absoluta…  Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta…”

Justamente al menos dos de los funcionarios responsables de este tarifazo están comprendidos en esta  incompatibilidad. Se trata del mismo Ministro Aranguren, CEO de la Shell Argentina hasta el año pasado y del Secretario de Recursos Hidrocarburíferos y responsable de fijar el precio del gas, Ing. José Luis Sureda quien fuera empresario de la Pan American Energy en Argentina.

No es poca cosa esta incompatibilidad. El tarifazo puede solucionarse desde el diálogo y con la sensibilidad hasta ahora no mostrada. Pero… ¿y el tema legal? Dictará la justicia la  nulidad absoluta  que marca la ley?

¿Habrá quién se anime a ponerle el cascabel al gato?

SAN LUIS. Junio 2 de 2016