Cuando el  grave incendio de la fábrica Pringles SA en la ciudad de La Toma,  la provincia toda tomó conocimiento de la existencia  de una industria  con alto poder contaminante en pleno centro de la localidad, sin respetar en lo mínimo las exigencias de seguridad industrial y ambiental que rigen esa actividad. Poco a poco se fueron  conociendo también casos de empleados de esa firma con delicados problemas de salud originados en la manipulación de elementos cancerígenos. Problemas a los que la ART no atiende en forma debida.

El funcionamiento irregular e ilegal de una industria así en un centro urbano, tuvo su razón de ser en privilegiar  la comodidad y economía de la empresa por sobre el respeto a las personas y el cuidado del medio ambiente;  dejando de lado  obligaciones gubernamentales ineludibles.

Fue ésa,  una grave omisión cuya responsabilidad le cabe al Gobierno Provincial y a varias  gestiones municipales de La Toma.

La creación de las más que necesarias fuentes de trabajo no pueden darse en desmedro de la calidad de vida de los pueblos. Mucho menos atentando contra la vida misma de las personas.

En estos días, la empresa ha despedido con acuerdos indemnizatorios, a unos 80 obreros. Lo que causará  un muy fuerte impacto económico negativo en la vida de esas familias y de la localidad toda. El gobierno ha ofrecido incorporarlos al Plan de Inclusión Social. De donde surge con claridad que empleados con estababilidad, muchos años de antigüedad, aportes previsionales y obra social, serán incorporados a un plan  sin aportes jubilatorios, con obra social muy restringida y en la que su permanencia está condicionada al criterio de clientelismo político que lo rige. No sólo que no se cuidan los trabajos existentes, sino que tampoco hay capacidad de reemplazar a los que se pierden.

Y mientras este deterioro del empleo ocurre con silencio oficial,  persisten los problemas ambientales sin que ni el Gobierno, ni la Municipalidad intervengan.

Todos los escombros y cenizas fruto del devastador incendio conservan su capacidad tóxica y contaminante. Parte de ellos están en los  basureros y  quemados cada tanto por las  autoridades, sin reparar en las consecuencias.

Pero la mayor parte se acumulan aún,  en el mismo terreno de la fábrica en altos montones que no han recibido ningún tratamiento. Las lluvias, arrastran esos desechos a las capas subterráneas y los vientos los desparraman por toda la región. Todo, ante una inoperancia rayana en lo criminal de parte de las autoridades. El problema es muy  delicado y no es  ocultándolo ni dejando pasar el tiempo como se resolverá. Las autoridades deben  asumir responsabilidades y solucionar en breve estas cuestiones en un marco de absoluto respeto a las normas ambientales vigentes. Es decir,  protegiendo  la vida y cuidando la salud de todos

Hasta el momento no lo han hecho. Ojalá demuestren lo contrario.

Y pronto.

SAN LUIS * Marzo 22 de 2007