Nuevamente nuestra provincia se ha visto sacudida por la acción de un oficial de policía, quien sin motivo alguno disparó un escopetazo a quemarropa sobre un joven, quien habiendo perdido ya la vista y quizás el habla, pelea por su vida en un hospital de la capital cordobesa. Disparó, huyó y quiso ocultar o tergiversar lo ocurrido.

No es el primer caso de “gatillo inconsciente” rayano ya en “gatillo criminal”, de parte de integrantes de nuestra policía. Que se suma a los tantos otros casos en que la actuación policial deja mucho que desear.

La repetición y la gravedad  de hechos así nos obliga a exigir un sustancial cambio. El  que no se agota con el reemplazo de las cúpulas. Ya está visto que con eso no hay soluciones.

El cambio que debe hacerse en la concepción de una política de estado para la seguridad y que se exprese también en la selección,  formación y entrenamiento  de quienes van a tener la responsabilidad de cuidar nuestras vidas y bienes.

La responsabilidad.

El gobierno de Poggi, sabemos todos, es una continuidad de los gobiernos de los hermanos Rodríguez Saá. Se formó con ellos, hizo carrera pública y política con ellos, hasta que lo designaron “heredero”; por lo tanto cabe plenamente decir que las fallas en la seguridad son  de responsabilidad gubernamental. No las hereda Poggi, porque él fue parte de su instalación y hoy las continúa.

El hoy Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP)  tuvo muchos cambios de nombres, de organización, de conducción, probablemente de planes de estudios; hasta llegar a estar actualmente intervenido desde el reciente conflicto policial por bajos salarios. La intervención está encabezada por el mismísimo Vice Gobernador  Ing. Agr. Jorge Díaz. Y es una curiosa intervención porque al estar  ese Instituto  en la órbita del Ministerio de Educación, el interventor depende de ese Ministro. Es decir el Vice gobernador depende del Ministro.

Por lo dicho, se puede afirmar sin margen de error que todas las fallas y carencias de nuestra Policía, son exclusiva responsabilidad de quienes han venido gobernando. Son ellos los que designan, entregan armas y elementos, dan directivas y pagan muy bajos sueldos.

La misma estructura funcional del personal policial (cuadro único) debe ser sometida a análisis.

El  ISSP

La comunidad provincial no sabe qué ocurre en ese Instituto. Por ejemplo, no se sabe  qué se les exige a los ingresantes, cómo se los evalúa, cómo se los forma, como se los promueve y otorga  títulos. Tampoco se sabe quiénes son sus docentes y  cómo se los  elige. Sabemos de una formación entre escasa y nula en el uso de armas de fuego.

Todos debemos conocer muy a fondo lo que ocurre en el ISSP. Debemos conocer para exigir cambios. Está claro que no puede seguir como está.  El informe que en breve debe producir la intervención que encabeza el Vice gobernador Díaz debiera tener estado público, porque el pueblo no puede ignorar lo que allí ocurre, más aún cuando el mismo Gobernador Poggi  decidió intervenirlo, tras casi treinta años de funcionar según  las directivas de los hermanos Rodríguez Saá.

Los cambios

Lo que se haga de ahí en más en el ISSP debe encuadrarse en lo que es una política de Estado; es decir que debe ser definida con la participación de muchos sectores, entre ellos y cuando menos, las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la provincia. Con personas que sepan de educación, de seguridad, de respetar y garantizar derechos humanos, con sólidos conocimientos de las ciencias que ayudan en las investigaciones policiales.

Fundamental será también definir el perfil de los alumnos, cuyas personalidades deben garantizarnos a todos que saben enfrentar situaciones difíciles sin salirse de cauce, que saben investigar, hacer inteligencia, que tengan conocimientos y prácticas de defensa y ataque que hagan de las armas de fuego un último y extremo recurso. El pueblo debe estar seguro y confiado en aquellas personas que recibirán un arma de parte del Estado para cuidarlo.

No sólo es cuestión de la formación en el mismo Instituto, sino que debe exigirse una permanente capacitación y entrenamiento, a la par que recibir asistencia  psicológica periódica, especialmente tras haber tenido experiencias graves.

Tras casi treinta años de gobierno provincial, nos encontramos con un fracaso serio en la política de  formación de los cuadros policiales, lo que se traduce en este accionar que hoy nos preocupa.

La sana vocación policial de tantos efectivos,  se ve distorsionada por la inutilidad (?) gubernamental. La Policía de la Provincia de San Luis no es del gobierno y mucho menos del partido gobernante.  Es una institución del Estado, por lo tanto todos tenemos el más cabal derecho a ver un accionar eficaz, eficiente y transparente en su responsabilidad de brindar seguridad a nuestra vida.

Así como viene desde  fines de 1983, no debe seguir.

SAN LUIS. Noviembre 4 de 2013