Convocada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se realizó una audiencia de conciliación en la cuestión planteada hace dos años por el hoy diputado provincial (UCR) Alejandro Cacace. La demanda pedía el cumplimiento de lo establecido en la Constitución en cuanto a la cantidad de diputados provinciales por departamento,  según el Censo Nacional 2010.

Por lo conocido a través de los medios,  en este caso el representante del Poder Ejecutivo (Dr. Domínguez de Fiscalía de Estado) dijo no estar autorizado para conciliar y   habría  expresado “que el censo 2010 no está legitimado por la Provincia”.

Argumento éste que califico de torpe y mentiroso; porque como bien lo señaló en la audiencia Cacace,  el entonces  Gobernador Alberto Rodríguez Saá  ratificó por decreto la realización del censo, trámite que siempre cumplen todas las provincias; por cuanto los censos están ordenados por ley nacional. Y como se hace en cada provincia, el Gobierno de San Luis fue quien lo organizó aquí,  quien capacitó a los censistas, quien prestó edificios y toda la logística necesaria.

Por último,  en la web gubernamental se puede acceder a datos oficiales de ese censo conforme lo informa el INDEC.  Comprobarlo es muy fácil, sólo hay que acceder a

http://www.estadistica.sanluis.gov.ar/estadisticaWeb/Contenido/Pagina179/File/P1-P_San_luis.pdf

Y éste es el cuadro de población provincial total y por departamentos para los censos 2001 y 2010, necesario para resolver sin más la demanda de Cacace.

Lo que prueba

Este cuadro, insisto copiado de la web oficial del gobierno, es la prueba  clara y terminante de que éste además de haber sido parte activa y responsable del censo,  conoce sus resultados definitivos y los tiene publicados en su sitio oficial.

Es de esperar que no hagan desaparecer esta información que sostiene lo correcto de la demanda  y que el gobierno elude resolver.

Lo que le obligan a decir a Fiscalía de Estado es una mentira tan torpe que enoja. Pero al no haber espíritu de conciliación de parte del Poder Ejecutivo, se resolvió solicitar información oficial al INDEC. No sería de extrañar que se fuercen algunas demoras más, procurando que la información pedida llegue lo más tarde posible.

Los por qué de la situación

Está claro que los hermanos Rodríguez Saá han gobernado al margen de lo constitucional y legal, con sola finalidad de lograr el mayor control posible del aparato estatal y de obtener impunidad a sus acciones.

En ese marco, reducir la representatividad legislativa les hace más fácil el control.

El actual gobernador Claudio Poggi se formó en esa escuela y  si en algún momento se le ocurriera actuar  en contra de lo que hicieron antes Adolfo y Alberto RS, sería duramente criticado y obligado a cambiar. Tal como ocurrió en otros temas, en que debió cambiar directivas y funcionarios.

El decir que San Luis no había legitimado el Censo 2010 es una mentira ejercida a modo de chicana para ganar tiempo y poder así, seguir haciendo la convocatoria a elecciones legislativas al antojo rodríguezsaaista. No es muy arriesgado esperar que la convocatoria se haga  antes de que llegue la respuesta del INDEC.

Lo que no se muestra.

Lo que falta, lo que oculta el Gobierno en lo que publica del censo 2010,  es la población provincial según localidades. El INDEC la tiene publicada y el Gobierno la conoce.

Una razón que supo esgrimirse para este ocultamiento, es que la población informada para la localidad de Fortuna (Depto. Gob. Dupuy) es de 82 habitantes; dato que a todas luces es incorrecto. Se sabe que la provincia reclamó por este grueso error, pero INDEC aún no lo corrigió.

En estos casos y siendo un error ajeno al ámbito provincial, lo que corresponde  es publicar todo, haciendo la salvedad del  caso. Pero no se debe esconder la información de todas las localidades, por el error en una sola de ellas.

Lo que se teme

El adolfo-albertista Poggi teme que llegue pronto la información censal completa porque así debería cumplir también con la manda constitucional para las autoridades municipales. Escondiéndola,  le da el gusto a sus mentores  pisoteando la autonomía municipal, de muy fuerte peso constitucional.

Tema al que en varias oportunidades me he ocupado y  que los miembros del Superior Tribunal de Justicia eludieron resolver en escritos lamentables por lo erróneos y contradictorios.

Tener que cumplir con la Constitución y las leyes, no está en el ADN político de los Rodríguez Saá y en el de Poggi no está el desobedecerles.

Cumplir con lo que se debe cumplir  abriría una brecha en el feudo,  de ahí todas las maniobras, silencios y mentiras que venimos viendo en el manejo de la información censal, sustento de las inconstitucionales convocatorias a elecciones.

SAN LUIS. Febrero 26 de 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.