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ACUERDO POR LA EDUCACION

ACUERDO POR LA EDUCACIÓN

El día antes del martes 11 de septiembre, Día del Maestro, la ONG ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN, presentó en la Ciudad de Buenos Aires, ante una concurrencia de unas 250 personas, que incluyó entre otros a gobernadores, ministros, legisladores, sindicalistas, empresarios, comunicadores, su propuesta de ACUERDO POR LA EDUCACIÓN.

Los gobernadores presentes fueron Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), y Alberto Weretilneck (Río Negro); también las vicegobernadoras de Córdoba, Myriam Prunotto y de Entre Ríos Alicia Aluani y el Secretario de Educación de la Nación,Carlos Torrendell

Este acuerdo se traduce en un documento elaborado por un conjunto de especialistas en educación que marca diez prioridades educativas, con procuran dar sustento a una política estado que avance en la resolución definitiva de nuestra realidad educativa.

Es un aporte importante para que se cumpla con lo que lamentablemente no se cumple de la ley 26.206, esto es que la educación sea una prioridad nacional y una política de estado; a la extensión de la jornada escolar y el porcentaje del PBI que debe destinarse a educación. Destaca claramente algo que no está muy entendido por nuestros gobiernos: que Política de Estado, no es la que ejecuta un único gobierno, sino la que va más allá de los cambios de gobierno a lo largo de varios períodos

En lo personal, me gratifica que este acuerdo señale conceptos que he destacado en varias notas y propuestas publicadas y en mis afirmaciones en espacios radiales por Radio Dimensión desde el año 2011.  Me refiero al reconocimiento social y económico de la docencia, a la formación inicial y continua de los docentes, al mayor compromiso del gobierno nacional, a la necesidad de una participación de toda la sociedad para con la educación que profundice y concrete el concepto de prioridad nacional, el desinterés de nuestra política en la educación, etc. Lo que he dado en llamar GRAN ACUERDO NACIONAL EDUCATIVO (GANE).

Obstáculos

Ahora bien, de este tipo de acuerdos hay varios antecedentes, que lamentablemente no han ido más allá de anuncios, nunca transformados en acciones concretas y persistentes.

No sabemos, en este momento, si la firma con las que los gobernadores asistentes apoyaron este acuerdo, se transformará en políticas activas a lo largo de las próximas décadas; tampoco si se trata de que un acuerdo así se concrete en una ley nacional. Entiendo que para que sea una política de estado prioritaria se necesita ampliar los adherentes y concretarla en una ley, cuyo cumplimiento, logros y dificultades sean permanentemente auditadas para garantizar su éxito.

Para superar es dura realidad nacional, no se trata solo de inversiones extranjeras en la economía. Es clave la fuerte y permanente inversión en educación.  ¿Hay conciencia política para una inversión así? ¿O seguirá prevaleciendo el criterio de que el futuro son las próximas elecciones? Siempre aparecen formas de atraer inversiones para lo material, mientras que sobran las inutilidades para invertir en lo más importante, en lo humano, en lo que permite crecer como país desde los propios logros de las personas y de la sociedad toda.

 Está en la sociedad argentina en exigir que algo así se haga. Tenemos demasiados ejemplos de parte de gobiernos nacionales y provinciales en incumplir con normas constitucionales y con leyes nacionales o provinciales, ante el silencio de muchos que sabiendo y pudiendo, ni hablan ni actúan.

El obstáculo más importante, mi criterio, lo dijo, el Dr. Mariano Narodowsky “La educación argentina tiene tres problemas: “primero a la dirigencia argentina no le importa la educación, segundo a la dirigencia argentina no le importa la educación, y tercero … ya saben…”

Habida cuenta de las afirmaciones del Presidente Milei en cuanto a que la educación obligatoria es responsabilidad de las jurisdicciones provinciales y sus recortes en la coparticipación y en el FONID a la provincia; no puedo alentar muchas ilusiones en que estos buenos objetivos del Acuerdo por la Educación, puedan llegar a concretarse más allá de lo que hagan los gobernadores.

Muchos expertos en educación se han unido para proponer este cuerdo por la Educación, ahora la palabra y la acción la tienen los gobernantes y legisladores,

Para lo cual, una vez más, planteo lo imprescindible de un permanente e intenso compromiso de toda la sociedad en sumarse en una lucha por más y mejor educación, participando activamente en todo lo que puedan, proponiendo, exigiendo para que estas ideas y la educación en su totalidad, deje de ser la Cenicienta de la política argentina.

                                                                                                                                                                                                                                                            SAN LUIS. Septiembre 16 de 2024.

Para quienes quieran conocer más:

Acuerdo por la Educación:

Algunas de mis propuestas:

2011:  https://www.tochimoreno.com.ar/revolucion-educativa-para-san-luis/

2015: https://www.tochimoreno.com.ar/una-propuesta-para-educacion/#more-1303

2017: https://www.tochimoreno.com.ar/educacion-imitar-a-finlandia/

2019: https://www.tochimoreno.com.ar/gran-acuerdo-nacional-educativo-gane/

DEFENSOR DEL PUEBLO NACIONAL * Carta abierta a la Vice Presidenta Villarruel

SAN LUIS. 29 de agosto de 2024

Sra.Vice Presidenta de la Nación * Abog. Victoria Eugenia Villarruel

Luis Alberto Moreno * DNI * me dirijo a Ud. por medio de esta misiva a la que le doy carácter de CARTA ABIERTA con el objeto de referirme a un tema que implica una grave y flagrante violación a la Constitución Nacional y legislación reglamentaria.

Me refiero a la prolongada falta de designación del Defensor del Pueblo y de sus adjuntos.

Cuando digo flagrante, lo hago conforme las siguientes acepciones de la palabra según la R.A.E.:  * Que se está ejecutando actualmente y * De tal evidencia que no necesita prueba.

Me explico: En abril de 2009 finalizó el mandato del último Defensor del Pueblo, Dr. Eduardo Mondino, quedaron a cargo interinamente los Defensores adjuntos Dres. Anselmo Sella y Carlos Haquim, quienes finalizaron sus mandatos en 2013 y 2015 respectivamente. A partir de esta última fecha ejerce como Defensor Interino un Subsecretario de esa Defensoría.

Es evidente la acefalía a la que se viene sometiendo esa valiosa nueva institución republicana nuestra.

Este cargo debe elegirse de entre la terna de candidatos que eleve a las Cámaras de Diputados y Senadores, la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, conforme lo especificado por la Ley 24.284.Sólo en el 2017, esa comisión acordó una terna, pero inexplicablemente, al menos para mí, esa propuesta nunca llegó a ser tratada por las cámaras nombradas. Debo recordar, para destacar el incumplimiento del Poder Legislativo en este tema, que en 2016 la Corte Suprema de Justicia incluyó en una de sus sentencias el siguiente párrafo: “Poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de defensor del Pueblo de la Nación”. Era Vicepresidente de la Nación en ese momento la Lic. Marta Gabriela Michetti.  Ni aún con un pedido de la Corte Suprema los legisladores cumplieron con su deber. En este momento esa Comisión que debe contar con siete (7) senadores y siete (diputados) solo cuenta con cuatro (4) senadores. Lo que significa un incumplimiento más de las autoridades de esas cámaras, ya que no han dado cumplimiento a su obligación en este tema.Esa Comisión Bicameral Permanente, conforme a la ley, es presidida por quien preside el Senado, es decir por quien ejerce la Vicepresidencia de la Nación.Hasta el año pasado la responsabilidad de que Argentina no haya contado con el Defensor del Pueblo ha sido por culpa, por inacción de los cuerpos legislativos y de quienes ejercieron la vicepresidencia entre 2009 y diciembre de 2024.Por ello afirmo, que la no integración de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría y la designación del Defensor es, desde diciembre de 2024, su responsabilidad.Si ya lo ha gestionado en la Cámara de Senadores sin recibir la respuesta debida, estimo que tiene Ud. la obligación de hacerlo público a fin de que la ciudadanía toda esté al tanto de cómo cumplen sus obligaciones sus legisladores. Me permito en este momento, recordar una gestión de este tipo que efectué el 8 de agosto de 2012. En Carta Documento al entonces Vicepresidente de la Nación Dr. Amado Boudou le expresé entre otros conceptos, lo siguiente: “Ejerciendo mis deberes y derechos ciudadanos le exijo que de inmediato proceda Ud. a cumplir sus obligaciones legales, convocando a la Comisión Bicameral Defensoría del Pueblo y haciendo que se propongan los candidatos en el tiempo y forma que fija la ley.”Días después recibí por Carta Documento la respuesta de parte del entonces Director General de Asuntos Jurídicos del Senado, Dr. Salerni, quien señaló que la ley no fija plazos para cubrir ese cargo en cargo de vacancia y que por lo tanto “la designación queda supeditada a razones de oportunidad, mérito y conveniencia”. Conveniencia…’ ¿de quién? ¿Del Ejecutivo que no quiere que lo controlen y que exigen obediencia debida?Conveniencia típica de la casta política que viola impunemente los derechos civiles que nos garantiza la constitución.Es claro que la práctica legislativa implica lograr acuerdos (negociaciones mediante) en determinados temas. Método que entiendo no corresponde para acordar incumplir o violar, la Constitución y sus leyes. No es lo que se espera en una república vivida con democracia. No es el ejemplo que nuestra dirigencia política debe dar a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones.Sé también, es evidente, que a quienes ejercen el Poder Ejecutivo no les gusta un Defensor del Pueblo que ponga sus ojos en la nuca de quienes gobiernan, para asegurar que cumplan sus obligaciones para con las instituciones republicanas y  los derechos de la totalidad de quienes habitamos este amado suelo patrio.                                       Por todo lo expuesto, Sra. Vice Presidenta de la Nación, me permito exigirle que dé ejemplo de cumplir y hacer cumplir con sus obligaciones y las de los legisladores de la cámara que preside, en lo atinente a la pronta designación del Defensor del Pueblo de la Nación y de quienes deban acompañar esa gestión. Y como Presidenta de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría, haga la gestión correspondiente ante la Cámara de Diputados de la Nación.                                     Quedo a la espera de una respuesta suya a fin de conocer su opinión acerca de la pertinencia de este pedido y de los pasos que dé en torno a lo peticionado.                                     Atentamente                                                          Prof. LUIS ALBERTO “Tochi”  MORENO www.tochimoreno.com.ar

AUTORIDADES MUNICIPALES

Desde 2007 que vengo reclamando al gobierno y la justicia el estricto cumplimiento de la constitución en lo atinente al tipo de gobierno municipal que les corresponde a las localidades conforme la población censada, Más recientemente, estos reclamos los hice junto al escribano Eduardo Gastón Mones Ruiz.

Hasta la presentación efectuada en 2021 inclusive, nunca se logró que las convocatorias a elecciones municipales se ajustaran a la norma constitucional, reglamentada por Ley XII-0349-2004.

Finalmente, la presentada el pasado 24 de julio ante el Ministro de Gobierno Abog. Facundo Endeiza fue respondida en forma favorable.

En audiencia concretada el miércoles 14, el Ministro Endeiza respondió verbalmente de la total coincidencia del actual gobierno provincial con este reclamo, por lo que en breve precisará qué tipo de autoridad municipal y qué cantidad de concejales les corresponde a las localidades conforme los resultados del Censo Nacional 2022.

En buena hora. Quedarán así atrás omisiones, silencios, lamentables respuestas y vergonzosas sentencias de algunos jueces contradiciéndose con lo sostenido en causas similares (¿prevaricato?)

Los cambios a efectuar

Por primera vez, desde la sanción de la nueva Constitución Provincial (1987) debe convocarse para Comisión Municipal de 4 miembros. Así deberán hacerlo Anchorena, Arizona, Fortuna, Balde, Beazley, Nogolí, Villa de la Quebrada, Fraga, Villa del Carmen y Los Molles (Depto. Junín)

Deben convertirse en Municipios con Concejo Deliberante de 4 concejales, Villa Larca y Nueva Galia.

Deben incrementar su número de concejales Cortaderas, Naschel, Buena Esperanza, Unión, Candelaria, Luján, Carpintería, El Trapiche, El Volcán, Potrero de los Funes, San Francisco del Monte de Oro, Concarán, Tilisarao, La Toma, Sta. Rosa del Conlara, Quines, Juana Koslay y La Punta.

Costo

Muchos han intentado justificar su inacción expresando el fuerte impacto presupuestario. Es cierto, pero es mucho más grave el ejemplo de gobernantes y dirigencia política que borran con su ignorancia, autoritarismo o vocación feudal, el mandato constitucional.

Cumplir ahora con lo que se debe cumplir, es ocasión para que la política dé un ejemplo de modestia y precise límites en los sueldos de los funcionarios, Si hay ajuste, que sea para todos.

Es una esperanza difícil de alcanzar, pero en una de esas…

SAN LUIS. Agosto 19 de 2024

¿SE CUMPLIRÁ CON LA CONSTITUCIÓN ?

Con dos años de demora, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) dio a conocer los datos censales oficiales de población según localidades. Los mismos que me fueron en regados con rapidez a mi solicitud por la Dción Provincial de Estadísticas y Censos.

Estos datos tienen importancia clave para la determinación, entre otras cosas, del tipo de gobiernos municipales y cantidad de concejales que le corresponden a cada localidad. Esto, según nuestra Constitución en su Capítulo XXVI, artículos 247 a 280.

En ellos precisa que las localidades con hasta 800 habitantes deben tener un Intendente Comisionado[1]; las que tienen entre 801 y 1500 habitantes deben contar con una Comisión Municipal de cuatro miembros y las que tienen más de 1501 son Municipios con Concejo Deliberante y su cantidad de concejales depende también de la cantidad de habitantes. Las ciudades con más de 25.000 habitantes están facultadas para dictar su propia Carta Orgánica, pero respetando siempre la cantidad de concejales determinada por la Constitución.

La Ley XII-0349-2004 de Régimen Municipal, reitera lo precisado por la Constitución en cuanto a gobierno y legislativos municipales según población censada.

Téngase en claro que se habla de población censada, de habitantes y no de electores habilitados.

¿Cómo se definen los Gobiernos municipales?

Eso está fijado por la ya citada ley en su artículo 4° que dice:

El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado”.

En mi opinión, no se necesita una ley, ya que el Poder Legislativo por medio de este artículo, habilita al Poder Ejecutivo a determinar autoridades e integraciones legislativas municipales, después de cada censo. Se trata sólo de reunir los datos censales oficiales con el texto constitucional y el de la ley.

Pues bien, desde que se conocieron, también tardíamente, los datos del Censo Nacional 2001, que los gobiernos provinciales no han dado cumplimiento ni el mandato constitucional, ni a lo reglamentado por el artículo antes citado.

Lo que significa clara y terminantemente que los gobiernos provinciales han incumplido, violado la Constitución y la ley. Lo que no es nada más y nada menos que un delito contra las instituciones republicanas.

Desde 2007 que he denunciado ante la justicia y ante el Tribunal Electoral Provincial, recibiendo siempre la respuesta de incompetencia, sostenida en sus dictámenes por ex integrantes del Superior Tribunal de Justicia, en graves contradicciones que solo pueden explicarse por obediencia temerosa, ya que cabe que ellos hayan sido ignorantes.

También solicité a ex gobernadores que prevean convocar a elecciones municipales conforme el mandato constitucional.

La respuesta fue el silencio. Como no pueden justificar su delito de inconstitucionalidad, me ignoran y callan. También obtuve silencio de parte de una gran mayoría de la dirigencia política y de las autoridades y legisladores de las localidades afectadas.

Tal parece que para nuestra “casta” (?) política la constitución es un estorbo,

Algunas razones dichas

En voz baja y a escondidas, asesores gubernamentales y dirigentes han dicho que aplicar eso exige una elevada erogación presupuestaria, incluso afirman la necesidad de reformar la Constitución.

Dichos éstos que a mi juicio solo incrementan la vocación inconstitucional de quienes los expresan.

El presupuesto debe garantizar el cumplimiento de la Constitución, de todas y cada una de sus normas. Nunca el presupuesto debe ser un freno a la plena vigencia de los derechos y deberes constitucionalmente fijados y reglamentados por ley.

¿Gobernantes y legisladores se creen dueños de la provincia, sus instituciones y de nuestros derechos ciudadanos en democracia? ¿Creen acaso que la autonomía municipal es nada? ¿Acaso no prestan juramento de cumplir hacer cumplir la Constitución y las leyes?

Por si no lo conocen les transcribo el siguiente artículo de nuestra Constitución

Artículo 63: “En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas.”

Si callamos, si seguimos dejando que rompan nuestros derechos a participan en la república conforme nos lo garantiza la Constitución, estamos abandonando nuestra ciudadanía, estamos fortaleciendo autoritarismos. 

No solo es corrupción la económica, sino que para que ésta crezca y sobreviva impunemente, se necesita la corrupción institucional como la de este caso.

Claro que requiere más presupuesto, pero bien que se puede reglamentar todo para que sueldos de autoridades y dietas de legisladores no tengan los elevados montos actuales fijados por ellos mismos.

Si se acuerda que la Constitución merece una reforma, hay mecanismos muy claros de cómo se hace y que también deben cumplirse. Pero esa presunta necesidad de reforma no amerita de ninguna forma y por ningún concepto, que se viole la vigente.

Hay que recordar el concepto de dura lex sed lex.

El día lunes de este mes. Presenté en conjunto con el Escribano Eduardo Gastón Mon3z Ruiz, una nota dirigida al Sr. Ministro de Gobierno, Abg. Facundo Endeiza, solicitando que este gobierno a la brevedad dé cumplimiento al Art.4° de la ley ya citada, a fin de que las próximas elecciones municipales cumplan con la Constitución de una buena vez.

Petición hecha desde nuestras convicciones republicanas y ejerciendo los derechos y deberes ciudadanos. Esperamos la respuesta que corresponda a la nota presentada. Mucho más esperamos, anhelamos, volver a la total vigencia de la vida republicana en nuestras localidades.

                                                SAN LUIS. Julio 25 de 2024


[1] Curiosamente ni la Constitución ni su ley reglamentaria marcan el mínimo de habitantes para tener ese tipo de autoridad.

EL PACTO DE MAYO Y LA EDUCACIÓN

En su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, el Presidente Milei convocó a la firma de lo que denomina Pacto de Mayo. Se trata de diez bases de su acción de gobierno para la Argentina del futuro. La convocatoria se dirigió en ese momento a los gobernantes de provincias y CABA, los que deben comprometerse a cumplir esos objetivos.

No nombro estos objetivos ya que están ampliamente difundidos. Solo intento formular algunas consideraciones generales y, al menos, señalar una carencia.

Acerca del pacto y sus alcances

Un pacto está definido en nuestro idioma como” concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado”. Acordar entre partes, no significa que una de ellas impone sus ideas.  Milei invita a los gobernadores a firmar, no a acordar. Está visto y comprobado, el Presidente, no es de dialogar con quienes no piensan como él. Actúa como el dueño único de la verdad. Un dato de autoritarismo.

Ante algunas reticencias a participar de este pacto, comenzó a decirse que no se firmaría ya con los gobernadores, sino con el pueblo; sin precisar cómo se lograría algo así.

En esa misma línea, el vocero presidencial, Adorni, dijo “El pacto de mayo no es para generar consensos entre políticos sino para garantizar el bien de los argentinos. Nos preocupa que para algunos sigue imperando el dogmatismo ideológico por sobre el interés general”.  Adorni ve dogmatismo en otros, no en sí mismo.

¿Cómo se puede concretar un pacto de gobierno, sin generar consensos políticos que permitan convertir objetivos en leyes? ¿Aspirará el Presidente a algo así como la suma del poder político?  Algo de esto nos hace pensar la discutida “Ley Bases” en lo concerniente a la delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo.

Todo lo cual, me permite afirmar que hay más imposición que pacto.

Además, tal como se lo presenta, no garantiza las formas en que cada objetivo se concretará. No es poca cosa marcar algo así, ya que “el fin no justifica los medios”.  Digo esto a partir de la definición ideológica que Milei da de sí mismo: anarco capitalista. Dos ideas con mucho de extremismo

Acerca de la educación

Conocida la propuesta, muchas voces, personales e institucionales, vienen reclamando que se incluya en él a la educación.

Milei ha dicho que este pacto es “esencialmente económico”. Me pregunto, ¿la economía y su crecimiento, surgen por generación espontánea o son fruto de la educación de la sociedad?

La educación es, quizás, la mayor deuda de la política argentina, desde hace varias décadas. Nuestros gobiernos vienen eludiendo darle la importancia vital que tiene. Estadísticas y evaluaciones nacionales e internacionales avalan esta afirmación.

Es evidente también, el incumplimiento de mandas constitucionales y de leyes referidas a educación.

Cuando digo de normas constitucionales, me refiero especialmente a los tratados internacionales firmados por Argentina y que la reforma constitucional de 1994 incorporó a nuestra Constitución.

Todo político, más aún un presidente, debe conocer que ese marco constitucional, por ejemplo, promueve y garantiza la gratuidad de la educación en todos los niveles.

Cuando digo de leyes, señalo de cómo se incumple (se viola) la ley de educación nacional, 26206, en cuanto a jornada extendida o completa, 6% del PBI para educación, etc. Incumplimiento flagrante ante la inacción y silencio de gobernantes, legisladores, medios de comunicación y dirigencia político-gremial.

Más allá del marco legal muy resumido, está la evidencia real y concreta de lo que significa la mucha y buena educación para la humanidad.

La historia nos cuenta de cómo muchas naciones han superado desastres bélicos y crisis socio – económicas, apostando a la mayor cantidad y mejor calidad de su educación, para ubicarse así entre las naciones más económicamente fuertes y con mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Están los ejemplos de Japón, Alemania, Finlandia, Corea del Sur, Finlandia, Singapur, entre otros. Más cerca, en nuestra América, Uruguay, Chile, Perú. Bolivia, Ecuador; nos han superado en los resultados de las evaluaciones internacionales que se aplican periódicamente.

Muchos gobernantes nos han dicho que la verdadera riqueza de los países está en el conocimiento de sus habitantes, al tiempo que son incapaces poner en marcha políticas que concreten sus dichos. No se avanza mucho más allá de la propuesta electoral, prevaleciendo una berreta demagogia educacional.  La educación argentina se ha convertido en variable de ajuste para otros objetivos.

Nadie, mucho menos los gobernantes, pueden ignorar la importancia de la educación.

Si Milei apuesta al crecimiento económico, ¿cómo cree lograrlo sin los profesionales y técnicos que provee la educación? ¿Cómo cree mejorar la vida política, superar la casta, sin la formación humanística que garantice el amor al prójimo y el respeto a las leyes?

Nuestros gobernantes, al programar su acción de gobierno, debieran tener presente lo dicho por Sarmiento: “Todos nuestros problemas, son problemas de educación”.

Por todo esto, la inclusión debe ser incluida en el pacto de mayo o de cuando se concrete, si se da el imprescindible acuerdo.  Nada de lo que se proponga podrá alcanzarse sin contar con una educación acorde con sus ambiciosas metas materiales. La educación es primero.

No incluirla en el pacto que propone el Presidente Milei, es más de lo mismo de siempre. Más casta.

San Luis. Mayo 20 de 2024

Carta Abierta a la Vicepresidenta de la Nación Victoria E. Villarruel

SRA. VICEPRESIDENTA DE LA NACIÓN.

Tras su reciente visita a nuestra provincia hemos conocido una fotografía suya acompañada por el ex gobernador, ex presidente interino y ex senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá, su esposa Gisela Vartalitis e hijos. Foto tomada en ocasión de una cena a la que fue invitada en la enorme y fastuosa residencia ubicada en Potrero de los Funes.

Ver las expresiones de alegría que llenan la foto de referencia, me hacen pensar que Ud., Sra. Vicepresidenta, no conoce cabalmente la historia política de su anfitrión, de ahí que me atrevo a esta Carta Abierta.

Adolfo Rodríguez Saá fue cinco veces elegido gobernador de San Luis, completó cuatro mandatos y renunció al quinto para asumir su breve presidencia nacional.   Más adelante su hermano Alberto, también cumplió cuatro mandatos como gobernador, además de varios como senador nacional. Durante cuarenta años estos dos hermanos dominaron a su antojo la política provincial. No creo que renuncien a recuperar el poder al que son tan afectos.

Desde el gobierno, esta familia y sus amigos, amasaron una fortuna difícil de calcular y definir desde el llano, quizás si alguna vez la AFIP se decide, puede conocerse su dimensión y por qué no, su origen.

No diré nada más de esa fortuna familiar, porque las denuncias por enriquecimiento fueron rechazadas por la justicia provincial y luego cajoneadas, archivadas, olvidadas por la justicia federal en San Luis. Este obrar de la justicia “blanqueó” a fines de los ´90 los bienes existentes a esa fecha. De ahí en más el crecimiento exponencial de aquellos bienes así “legalizados” llega a la enorme dimensión de la fortuna que tanto gustan ostentar.

Quizás Ud. pudo darse una idea de lo que digo, al conocer la lujosa mansión en la que se realizó la cena. El terreno que ocupa puede albergar un barrio con algunas decenas de casas. Otro dato de cómo Adolfo maneja estas cosas, lo da el hecho que hace unos años, la Policía Provincial cumplía la orden de no permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en la ruta entre la mansión y el Dique Potrero de los Funes, para que el bullicio de las personas no moleste a quienes la habitan.

De tantas otras tropelías gubernamentales, se han escrito muchas páginas y hay temas para otras muchas; solo habré de referirme, a modo de ejemplo, a la violenta y cruel violación de los derechos humanos ocurrida en el segundo mandato de Adolfo Rodríguez Saá, en la que los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial jugaron armónicamente para torturar, esconder, callar, eludir la justica, garantizar la impunidad de los responsables. Seré lo más breve posible.

Allá por octubre de 1989, se denunció la desaparición de Claudia René Díaz, estudiante secundaria de 15 años. Pasó el tiempo, sin que las investigaciones dieran resultado y en 1992 tras numerosas marchas exigiendo la aparición de Claudia, con presencia de la hermana Martha Pelloni, se detuvo a Nelson Rafael Madafs, un joven de 17 años que supo acompañar a Claudia desde el colegio hasta su casa.

Al declarar Nelson desconocer el paradero de Claudia, comenzó su largo martirio. Para arrancarle una confesión fue brutal, feroz y persistentemente torturado por la policía con presencia y participación en los golpes, según asegura Nelson, del juez interviniente Néstor Alfredo Ochoa.  También fueron detenidos brevemente y torturados el padre y hermanos de Nelson.

No detallaré las torturas sufridas, pero créame Sra. Vicepresidenta, que fueron terribles, de una crueldad e intensidad inimaginables en un gobierno republicano y democrático, que nos duelen y avergüenzan a todos.

Ante tanto dolor, Nelson firmó la “declaración” que le presentaron juez y policías, diciendo que Claudia había fallecido a consecuencias de un aborto clandestino, señalando lugares en los que había sido sepultada ilegalmente. El cuerpo del presunto delito nunca apareció y tras años de detención y torturas fue liberado, incapacitado para el trabajo, enfermo, desnutrido y con la emocionalidad y memoria afectadas.

Hasta la fecha, ni Adolfo Rodríguez Saá, ni el juez, ni los policías, ni los penitenciarios, mostraron arrepentimiento o pidieron perdón.

Pasaron los años y en 1998 Claudia Díaz apareció en Caucete, Pcia. de San Juan, con una pareja violenta y cuatro hijos. Había escapado de su casa por los malos tratos recibidos de su padrastro.

Se hizo un juicio civil, Expte 17-M-2000, y el Superior Tribunal de Justicia, en mayo de 2009, sin nombrar a los responsables, reconoce el martirio de Nelson a manos de personal policial y penitenciario, y determina una indemnización, bastante pobre, por cierto.

Nunca se hizo un juicio penal contra los torturadores, los que se jubilaron en cargos jerárquicos de sus carreras.

Por cierto, que la prensa oficial, la familiar y otras temerosas del poder, callaron cuidadosamente lo ocurrido. Unos pocos medios nacionales se ocuparon, tardíamente del caso. Se publicaron libros y numerosas notas periodísticas de autores sanluiseños que narraron este caso, pero siempre con escasa distribución y eco periodístico. Pocos se animan a precisar los nombres y acciones de los responsables.

Un silencio que aturde por esconder la crueldad e impunidad de la violación de los Derechos Humanos de Nelson Rafael Madafs, que vive hoy en la pobreza.

Reitero, Sra. Vicepresidenta, que en este caso, los tres poderes del estado trabajaron armónicamente para destruir a Nelson y tapar todo. El Ejecutivo como responsable de la Policía y Servicio Penitenciario más el silencio e inacción del gobernador y su gabinete. El Judicial que no supo investigar, y que no reaccionó ante un juez que presenció, toleró y participó de las torturas; ni fiscales ni jueces se animaron a actuar de oficio; el Superior Tribunal se cuidó de dar nombres, como si Nelson hubiese sido víctima de fantasmas. El Legislativo nunca aprobó los pedidos de informes y de interpelación a los funcionarios responsables, tampoco aprobó los juri pedidos al juez Ochoa.

Todo ocurrió con Adolfo Rodríguez Saá como gobernador.

Sra. Vicepresidenta, este relato muestra en su brevedad, lo que catalogo como la casta feudal de los Rodríguez Saá. Digo feudo porque los “señores” prostituyeron las instituciones republicanas aferrándose por décadas del poder, repartiendo señoríos menores en la estructura estatal, quienes siendo aplaudidores dóciles y callados podían ser manejados al antojo señorial. Digo casta, porque se conformó un grupo de funcionarios convencidos de sus bondades y capacidades, con derecho poco menos que a la perpetuidad impune y a la sucesión familiar.

Estimo, Sra. Vicepresidenta, que Adolfo Rodríguez Saá la invitó buscando ofrecer apoyo al gobierno nacional; quizás, como se comenta, a cambio de cargos electivos para su actual esposa Gisela Vartalitis.  Creo que el haber aceptado esa invitación es un dato de su educación y cordialidad y de desconocer realidades, pero créame que flaco favor le hace ese encuentro, al mensaje gubernamental contra los viejos vicios politiqueros.

Si hablamos de casta política, el adolfo-albertismo sanluiseño, constituye uno de los peores y más crueles ejemplos argentinos.

Sra. Vicepresidenta, sus convicciones religiosas la trajeron días atrás a nuestra provincia, creo que ellas le permitirán investigar y analizar con justicia y verdad estos hechos que detallo brevemente.

Atentos saludos.

San Luis * Mayo 7 de 2024

Prof. Luis Alberto Moreno