Desde hace mucho que es moneda corriente en nuestra provincia la falta de docentes para cubrir todas las necesidades de las escuelas públicas.  Carencia que mayormente se plantea en  zonas  carecientes o en escuelas especiales. En estos días el problema es particularmente grave en el Centro Educativo N° 21 Puerta de Cuyo, que nuclea en un solo edificio a cuatro escuelas especiales. Justamente una de las poblaciones escolares más   vulnerables y necesitadas del mejor servicio educativo.

La repetición y persistencia de este tipo de situaciones configuran una es clara discriminación de parte del gobierno provincial a través del accionar grave e inepto de su área educativa.

Pero no es sólo el gobierno el que falla en  educación.  Lamentablemente cabe decir que aquí la responsabilidad  es de todo el Estado provincial y me explico.

El Ejecutivo muestra su incapacidad también en otras áreas, no solo en la ministerial específica. Se conoce de la existencia de un organismo responsable de los Derechos Humanos, si bien éste  no da demasiadas señales  de existencia.  Lo que nos muestra una vez más que estos organismos no deben formar parte de un gobierno, porque siendo  justamente los gobiernos  los responsables de la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos humanos, no cabe que se auto controlen ¿Alguien imagina que en San Luis un funcionario provincial criticaría y exigiría algo al Gobernador? Un organismo que sólo  muestra  silencio cómplice demuestra que sólo sirve para repartir cargos.

¿Hace falta mencionar que hasta ahora los padres del Centro Educativo 21 Puerta de Cuyo no han sido recibidos por el Ministro de Educación?

Al Legislativo también le compete responsabilidad. Por un lado porque estos temas que acucian a nuestros hermanos deben instalarse fuertemente en la agenda informativa y política provincial. ¿Quiénes mejor que los legisladores para hacerlo? Ya sea en sus respectivas cámaras, ya sea en las tribunas mediáticas o sociales a las que tienen acceso  con notoria más facilidad que el común de los ciudadanos.  Está claro que los pedidos de informes y de interpelaciones a los ministros son frenados por la mayoría oficialista, pero no por eso hay que dejar de plantearlos. Con insistencia machacona, no tanto para con el gobierno sino fundamentalmente y como ya dije, para que estas repetidas situaciones sean parte de la agenda diaria de todo el pueblo sanluiseño y se generalice el conocimiento de la verdad educativa provincial.

Otra y más grave responsabilidad de los legisladores son ya los casi doce años sin que cubran como les manda la Constitución y las leyes, la Defensoría del Pueblo. Institución ésta que justamente fue creada para intervenir en los errores, incapacidades, omisiones, etc. del Poder Ejecutivo. Y si no tenemos  Defensor del Pueblo es porque los legisladores  oficialistas  cumplen  la orden de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá (éste especialmente)  de no designarlo para no tener una piedra en el zapato que les formule reclamos, denuncias, exigencias.

Pero si el oficialismo no quiere Defensor del Pueblo, es responsabilidad de la oposición partidaria, de los sectores sociales comprometidos con nuestra realidad el reclamarla, instalar el tema en la sociedad hasta que triunfe la exigencia de querer vivir en una provincia en la que se espete la Constitución y las leyes.

¿Hace falta decir que ningún legislador se hizo presente ante este Centro Educativo para al menos tomar conocimiento de lo que sucede?

Hasta ahora un solo gremio, UTEP,  acompaña los  reclamos de padres y docentes.

Por último, al Poder Judicial también le asigno responsabilidad porque no se entiende cómo ante la repetición de estas situaciones, fiscales o jueces  no actúan de oficio para restaurar la plena vigencia del inalienable derecho a la educación.  Unos cuantos años atrás y siendo aún gobernador Adolfo RS, ante la prolongada falta de docentes en el curso de su hijo, un padre de la ciudad de Villa Mercedes presentó un recurso de amparo, el que fue resuelto favorablemente.

No sería de extrañar que ante una decisión así, este gobierno feudal haya  aconsejado, instruido o intervenido para que no se vuelva a repetir.

Por cierto que este breve muestrario de responsabilidades que se reparten los tres poderes de nuestro estado provincial muestran que no funciona el sistema republicano en cuanto al control mutuo que deben efectuarse en beneficio del Bien Común. Nos dicen también  que se les  olvida el juramente hecho por casi todos ellos “…de cumplir y hacer cumplir en lo que de ellos dependa, la Constitución y las leyes”. ¿Olvido o juramento falso?

Pero es también responsabilidad de todos el tomar partido en estas carencias de la política educativa porque insisto, estamos frente a una flagrante violación a los derechos de  niños y jóvenes – no importa la cantidad – en la forma de una negativa discriminatoria.

Cuando se habla de derechos humanos no cabe sólo la referencia a los crímenes cometidos en las pasadas dictaduras. También hoy se los viola. No con la violencia asesina brutal, sino con la  lenta destrucción de la educación que no sólo daña lo presente, sino que condiciona y mal, el futuro de todos los hoy afectados y de quienes los rodean.

Pero parece que de los derechos violados en el presente no se habla.  ¿Hasta cuándo?

Hoy las múltiples y variadas formas de corrupción ocupan mayoritariamente la atención nacional; pero poco y nada interesa la corrosión que afecta a la educación. Y que no es casual, sino  causal de miseria, postergación, exclusión y dolor a futuro. Todo lo cual es mucho más largo y difícil de solucionar que el daño provocado por la corrupción político – económica.

Una vez más la pregunta ¿hasta cuándo?

¡Cuánto duele encarar este tema justamente en el día que recordamos la ejemplar vida del Padre de la Patria!

SAN LUIS. Agosto 17 de 2016