… mentira clara; dice un viejo refrán español que  hace referencia a que las autoalabanzas surgen para esconder las propias inutilidades. Estas auto alabanzas son más peligrosas cuando se cuenta con poder para difundirlas.

Tal es el caso de Alberto Rodríguez Sáa ex gobernador y ahora periodista-columnista-opinador  en FM Lafinur y El Diario de la República,  ambos medios de propiedad  de su familia; cuando  editorializa el pasado 14 de junio cantando loas a la legislación sanluiseña. Lo hizo comparando los excesos de la vieja Inquisición con la ley provincial de Libertad de Pensamiento( Ley Nº I-0735-2010). De acuerdo a esta editorial el que se haya levantado la sanción que le fuera impuesta a la Profesora García Hermelo es fruto de esa ley que en su momento fuera impulsada por el mismo Alberto Rodríguez Sáa.

Si hubiese este gobierno respetase la  libertad de pensamiento nunca debió sancionar a la profesora. Más aún la forma en que se aplicó la sanción tiene un fuerte tufo a Inquisición.

Si Alberto RS  respetase la libertad de pensamiento habría señalado el error de quien aplicó la sanción y hasta aconsejado su  destitución,  como lo hizo antes con otros funcionarios de Poggi. Si ahora, recién ahora después que el tema escandalizó al país y a América toda,  el Ministro Sosa reconoce el derecho a libertad de pensamiento, su conducta de sancionar inicialmente con tanta liviandad y por fuera de los derechos humanos;  no merece precisamente un aplauso, sino una sanción.

Ese episodio ocurrido en la Escuela de Bellas Artes, debió recibir el único tratamiento posible: el de una cuestión meramente académica a resolver  en el mismo establecimiento escolar.

LO IMPORTANTE

Pero volvamos al tema inicial.San Luis tiene algunas buenas leyes. Pero así como es  importante  tener buena Constitución y buenas leyes; es más importante que se cumplan. Más aún que el gobierno y todos sus funcionariosse conviertan en ejemplares cumplidores de la ley.

Y no es éste el caso de San Luis, desde que en diciembre de 1983  comenzó el gobierno feudal de los hermanos RS y en su continuidad  actual con Poggi.

Este  Gobierno no viene respetando  las  constituciones nacional y provincial,  reglamentadas en muchas leyes, en lo atinente al legítimo derecho a defensa de todo ciudadano y de los empleados públicos en particular. El Estatuto del Docente (ley XV – 0387-2004) crea una Junta de Disciplina para resolver en las faltas de los docentes y esta Junta no actuó en el caso de la profe García Hermelo, quien no pudo ejercer su derecho a defensa.

Como tampoco se cumple el Estatuto Docente en su Art. 6º inc f) que fija  el muy buen  límite de 30 alumnos por grado o curso.  Tampoco se cumple  el art. 10º bis, que crea los CTAAP (ex gabinetes psicopedagógicos) porque desde la sanción dela ley hay regiones educativas  que nunca los tuvieron y otros los han tenido y tiene aún,  incompletos. Tampoco se respeta el Art 14º de ingreso a la docencia; ya que el mismo Alberto RS designó como directores a personas sin carrera docente e inició la política de que la Universidad de La Punta designe docentes (incluso sin títulos) para trabajar en escuelas de su dependencia  y ahora en el Plan 20-30.

Hay muchos otros ejemplos de este tipo.

 

Tampoco los hermanos Rodríguez Sáa respetaron ni  la  Constitución ni la ley en el caso de las convocatorias a elecciones municipales en muchas localidades, Y Poggi lo sigue haciendo Poggi.Lo que significa un atropello a la autonomía municipal, una de las causas de intervención federal a las provincias según la Constitución Nacional y a los derechos de los habitantes de esas localidades.

Y  siempre la Justicia avalando ese incumplimiento a través de pasarse la pelota contradictoriamente unos a otros.

Tampoco este gobierno feudal de los ya citados hermanos,  su actual heredero y sus legisladores, cumplen con la Constitución y la ley en el caso de los ocho años y medio de vacancia de la Defensoría del Pueblo.

 

¿De qué nos vale tener leyes si muchas son como papel pintado,  ya que los mismos promotores de ellas, las incumplen cuidadosa y persistentemente?

Explíqueme esto Alberto Rodríguez Sáa porque no lo entiendo. Incumplir la ley es un delito y quienes así obran son a mi juicio, delincuentes. ¿Me equivoco?

 

Y ADEMÁS

Ya que Alberto RS en su nueva función de  editorialista bajador de línea,  menciona la ley de libertad depensamiento, se me hace bueno transcribir parte de su artículo 3º: “ …El pluralismo en la comunicación es una condición esencial para elcumplimiento de la libertad de expresión, de información y de comunicación, ygarantiza la libre formación de opinión pública, la diversidad y la cohesiónsocial….”

¿Por qué cito esto?

Porque en los medios de comunicación de su familia es realmente muy difícil encontrar reflejadas las opiniones, propuestas o críticas efectuadas por quienes no comparten ni el pensamiento político ni la acción de este gobierno,  al que le cabe con justeza,  la calificación de feudal.

Y lo que es peor aún, el Canal de TV del Estado Provincial hace lo mismo. Siendo un canal que se sostiene  con los recursos provinciales (nuestros impuestos) está dedicado en la inmensa mayoría de sus espacios a reflejar las opiniones de funcionarios, dirigentes y militantes del oficialismo provincial.  Muy excepcionalmente se da espacio a opiniones, propuestas que no sean las del discurso oficial del gobierno. Mucho menos a  las críticas que éste recibe. Y esto ocurre también desde diciembre de 1983.

 

¿DE QUÉ SE LAS DA…

…el ex gobernador Alberto Rodríguez Sáa? ¿Con qué autoridad critica a la vieja Inquisición, si su gobierno, el de su hermano Adolfo y el de sus laderos Lemme y  Poggi también tienen una lista negra de opiniones yopinadores? ¿Por qué no se ocupa por garantizar con su autoridad político-partidaria, que todas las opiniones se reflejen en los medios que le pertenecen y en el canal estatal?  ¿Acaso cree que nos olvidamos que este gobierno no distribuye la pauta oficial de publicidad en los medios que considera opositores, como ocurrió con 30 DIAS, EL DECAMERON, EL POPULAR DE SAN LUIS y varios programas radiales,   mientras que las empresas que hacen obra pública están obligadas a publicitar en el diario de su familia? Y sin mencionar a los grandes y costosos avisos gubernamentales en ese mismo diario,  convirtiéndolo en  un negocio altamente rentable con nuestros impuestos.

¿Cuál es la interpretación de Alberto RS  del concepto de  libertad de pensamiento cuando de ella surgen críticas a su gobierno?

Como tantas veces,  le apunta  ahora  a la paja en el ojo ajeno, para ocultar la viga en el propio.

¿De qué nos  vale tener constitución  y  leyes,  si  se las aplica con discriminación, tanto en lo privado como en lo estatal? ¿O cuando  directamente se las viola, ante el silencio e inacción de quienes deben hacer respetar nuestros derechos?

De ahí que Alberto RS necesite alabar la legislación, porque así oculta cuando las viola, cuando miente, cuando construye autotitarismo. . El auto alago de su editorial  viene a tapar trapisondas, delitos, vocación totalitaria, su pisoteo a la  Constitución y a la ley.

 

RELATO POR REALIDAD

Esto que muestra Alberto RS es un discurso o relato que distorsiona o miente sobre la realidad de los actos para esconder ese proyecto corrupto y corruptor que vienen poniendo en práctica. No tendremos plena democracia en la Patria mientras nos queden estos bolsonestotalitarios y  corruptos en provincias sostenidos por la mentira consuetudinaria y los aparatos

Como nadie salió a aplaudir lo hecho por el gobierno provincial en el caso de esta docente antes sancionada y ahora perdonada (?) sin que intervengan las instituciones republicanas como corresponde, Alberto salió a autoalabarse para esconder errores. Pero ya no le sale bien, el feudo y los señores feudales  van mostrando su desnudez.

Alberto Rodríguez Sáa critica a la vieja Inquisición, para esconder así sus mentiras, su desapego a la democracia republicana, para esconder que hace lo mismo.

Dice que gracias a  la ley de libertad de pensamiento se perdonó a  la profesora García Hermelo, cuando por respeto a la Constitución la sanción no debió existir y quienes la sancionaron debieran desaparecer del gobierno y de la política.

SAN LUIS. Junio 17 de 2013.