En esta oportunidad habré de referirme a una cuestión estrictamente personal y me disculpo por ello, pero que seguramente no se agota en mi persona.

Desde hace unos años estoy dedicado a investigar una parte de la historia de la educación en San Luis.

No es fácil ya que las fuentes documentales no abundan. No hay mucha conciencia de conservación, se ha destruido mucho y lo que hay en el Archivo Histórico Provincial está incompleto.

En el archivo de EL DIARIO DE LA REPÚBLICA se conservan las colecciones más completas de LA OPINIÓN, LA VOZ DEL SUD, EL DIARIO DE SAN LUIS y EL DIARIO DE LA REPÚBLICA. Archivos que en un momento pude consultar, hasta que se me dijo que tenía prohibido continuar esa tarea.

Se me pidió que precisara por nota, qué tema investigaba, qué colección quería consultar y de qué años. Lo hice, pero no hay respuesta alguna.

Si la primera orden vino de un obsecuente, el posterior silencio directivo la ratifica.

Políticamente hablando está clara mi oposición y mis críticas al gobierno de la familia Rodríguez Saá, que a través de PAYNÉ SA es la propietaria actual de todo ese archivo. Por lo que puede decirse que me gané esa prohibición.

Pero, como estas cosas despiertan viejas lecturas y conocimientos, recordé la DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. Declaración que como todos debemos saber, forma parte de nuestra Constitución Nacional a partir de la última reforma de 1994.

En esta Declaración, su artículo IV expresa: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.”

También se refiere al derecho a la búsqueda de información el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO, también con rango constitucional, en su Artículo 19 párrafos 2 y 3.

Pero con la primera cita me es suficiente para poder decir que la empresa propietaria de ese archivo, el más completo de esos diarios provinciales, está violando mis derechos constitucionales. El acceso a esos archivos no atenta contra la seguridad nacional o provincial, el orden público, la salud o la moral pública. Son una expresión de la cultura provincial, de su historia y de cómo se reflejó en el pensamiento y la pluma del periodismo a lo largo de muchos decenios.

Mientras se habla del sanluisismo, de promover el conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, de lo luchado y construido por quienes nos precedieron, se adueñan de archivos y al prohibirlo están afectando mis derechos constitucionales.

La historia mundial es lamentablemente rica en expresiones fascistas de derecha e izquierda, que se fundamentan entre otras cosas, en el dominio exclusivo de la información, la manipulación de la historia y sus fuentes, el abandono de los derechos constitucionales.

Por cierto que no aliento esperanza alguna de que se revierta esta prohibición, solo aspiro a que mis comprovincianos conozcan la trama del poder, la obediencia de los cómplices, el silencio de los cobardes.

SAN LUIS. Noviembre 7 de 2018

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