Leo en EL DIARIO DE LA REPÚBLICA del viernes 29 ppdo.  La nota “Otro gasto: planean ampliar el número de concejales en La Punta”.

Dolorosa experiencia el leer una nota periodística en la que campea un grave desconocimiento tanto de los redactores como de los autores de esa iniciativa.

Prefiero decir serio grave desconocimiento antes que señalar que es una cabal expresión del irrespeto a la constitución provincial.

Me explico.

Según la nota, el bloque de concejales de Avanzar, integrado por Mario José Gil y Roxana Oros, presentó un proyecto para incrementar el número de concejales de los cuatro actuales a siete. Según la nota esta propuesta tendría el objetivo de “evitar los empates en las votaciones”. Esto por cuanto a esos dos concejales oficialistas, hay que agregarle los opositores, Rocío Muriel Roldán (PJ) y   Fernando Orozco (MOVIPRO).

Esta propuesta fue enérgicamente enfrentada por la concejala Roldán, expresando el fuerte aumento del gasto político, la necesidad de más espacio físico y “el promover la campaña electoral” (?). Agrega también Roldán que “no es momento oportuno para ampliar el cuerpo legislativo y que las prioridades de los vecinos son otras”.

¿Qué se desconoce?

El artículo 257 de nuestra constitución provincial señala la cantidad de concejales que le corresponden a cada localidad según su población censada.  Para las que tienen de 9.001 a 25.000 habitantes deben tener diez (10) concejales. Este mandato constitucional se repite en la Ley de Régimen Municipal XII-0349-2004.

De acuerdo a esto, La Punta debería contar con diez concejales desde que se conoció el informe final del Censo Nacional 2001, que dio más de 9.000 habitantes. El último censo, 2021, arrojó una población de 21.774. Cabe señalar que se deben considerar solamente las cifras oficiales de los censos, no las estimaciones municipales o provinciales.

Nadie, en el ámbito de la vida política, provincial y municipal, debe desconocer este fundamental principio para los gobiernos municipales. Sin embargo, en más de veinte años, nadie de la ciudad de La Punta exigió el cumplimiento de este mandato constitucional.

Muchas han sido mis exigencias en este sentido, a gobernadores, ministros, sin haber recibido nunca la respuesta a la que están obligados por el Art. 17 de nuestra constitución o más recientemente por l Ley de Acceso a la Información Pública. La justicia ha sabido eludir el definirse.

Muchas han sido también mis notas periodísticas, con muy escasa repercusión. Creo, que una evidente violación a la constitución merece una insistencia periodística permanente. La que no ha existido, habrá que ver qué pasa ahora, tanto con este proyecto de concejales punteños, como con la convocatoria a elecciones para el 2025. No solo La Punta merece que sus autoridades municipales se adecuen a la manda constitucional, son varias las localidades a las que no se les vienen respetando sus derechos civiles en cuanto a sus gobiernos municipales.

El pasado mes de julio junto con el escribano Eduardo Gastón Mones Ruiz, presentamos una nota al Ministro de Gobierno Abog. Facundo Endeiza, señalándole las localidades que según el censo 2021, deben adecuar a la constitución sus autoridades.

Mientras tanto…

 me permito señalarles a los actuales concejales de La Punta que su propuesta debe ajustarse a lo que dice la constitución que, creo, han jurado cumplir y hacer cumplir; para lo cual es bueno leerla con alguna frecuencia.

¿En qué se fundamentan para proponer siete concejales y no los diez que dice la constitución? Esa cantidad no se define por criterios personales o sectoriales, sino por la constitución.

En cuanto al costo político que usa como fundamento de su oposición la concejala Roldán, es cierto; pero no es el momento ni la forma de usar ese argumento para rechazar ese incremento.

No es momento, porque ninguna autoridad ejecutiva, ni legislativa puede dejar de respetar el mandato constitucional. Mientras no se reforme ese texto fundamental, se respeta, Por eso me permito recordar el artículo 63 de la constitución provincial:

 “En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas.”

Sí es momento, es hora, de que se respete lo que se viene violentando.

No es la forma de encarar lo del costo político, porque no se reduce legislando en contra de lo constitucional, sino desde la conducta en el ejercicio de la representación popular. Me refiero a no auto otorgarse elevadas dietas, habida cuenta que los concejales no tienen costo por desarraigo, ni por viajes; tampoco tienen incompatibilidad para seguir ejerciendo sus tareas. Además, ser representante del pueblo, no es una profesión, un modus vivendi, sino un servicio y ya es hora que la política argentina toda, dé muestras de vida modesta, además de la honesta.  También es necesario que haya modestia en cuanto a la cantidad de personal que trabaja para los concejales. Que nadie crea que la actividad política partidaria deba financiarse con sueldos oficiales para personal “ñoqui”, como dijo hacerlo así un senador nacional por nuestra provincia.

No digo que esto que expreso pase en La Punta, porque no tengo esos datos; digo, e insisto, que ya es hora que el costo político se reduzca por la propia decisión de quienes ejercen nuestras representaciones.

Resumiendo.

El gobierno provincial tiene la obligación que le impone la ley antes señalada de definir qué gobierno municipal y qué cantidad de concejales les corresponden a nuestras localidades conforme su población, cumpliendo con lo constitucional y legal.  A su vez los intendentes, concejales, dirigencia política y pueblo en general, deben exigir al gobierno que se les respete lo que les corresponde. Los medios de comunicación, deben difundir persistentemente él debe ser de nuestras instituciones republicanas y democráticas, es evidente que las fallas que viene mostrando nuestro sistema educativo, incluyen también el desconocimiento de la vida institucional.

El proyecto de los concejales oficialistas de La Punta, debiera convertirse en una recordación al ejecutivo provincial, para que, de una buena vez, las autoridades municipales de toda la provincia se adecuen a lo constitucional.

Hay que demostrar que se quiere salir del feudalismo autoritario e inconstitucional del pasado.

SAN LUIS. 1 de diciembre de 2024