A veces la historia se repite, porque las personas no aprenden o no recuerdan.

Esto viene a cuento por el intento oficialista de querer anular las elecciones legislativas del pasado 28 de junio en los Departamentos Belgrano y Dupuy.

Según el oficialismo los triunfadores en estas elecciones en representación del Acuerdo Cívico y Social son impugnables por cuanto se vienen desempeñando en cargos representando al oficialismo.  Tal parece que es malo borocotizarse en contra del gobierno y no a su favor, como lo prueba lo ocurrido años atrás con el pasaje de Martínez Petricca, de Negri y con la aparición en escena del PUL:

Hoy se plantea con todo el peso del aparato leguleyo oficialista encabezado por Sergnese, la anulación de los comicios en los departamentos donde perdió. Los argumentos son bastante pobres, además de que cualquier objeción a la calidad de los candidatos debió ser presentada dentro de los plazos claramente previstos desde siempre en el calendario electoral.

Por más pobres y extemporáneos que sean los argumentos que se esgrimen, nos encontramos ante una dura realidad: este gobierno no respeta ley  ni  Constitución o las interpreta a su antojo (para eso está Sergnese) y cuenta con mayorías legislativas con larga trayectoria en aprobar cualquier cosa que le ordenen. Habrá que  ver que hacen en esta oportunidad.

Esto que está ocurriendo ya pasó. Pero el tiempo transcurrido, el ocultamiento y la  escasa memoria han cumplido su tarea y pocos recuerdan que en la renovación legislativa de 1985 Adolfo Rodríguez Saa quiso asegurarse un clara mayoría en Diputados (única cámara en ese momento); para lo cual dejó de lado el sistema D’Hont que distribuye cargos en proporción a los votos y convocó a elecciones mediante la vieja ley Sáenz Peña que daba  2/3 al ganador y 1/3 a la primer minoría. Pero falló la jugada y no se cumplió su sueño de dominar la Legislatura, la que quedó empatada con 15 diputados del PJ y 15 para el radicalismo.

Eso desencadenó uno los más lamentables episodios de la vida democrática sanluiseña. El Gobernador  hizo sus jugadas, borocotizó a un diputado radical suplente, sancionó la ley 4676 por la cual anuló las elecciones del Depto La Capital en donde el oficialismo perdió categóricamente, quiso impedir el acceso de los diputados radicales electos al recinto, luego los hizo sacar por la fuerza policial.

Muchas más cosas pasaron en ese año 1986, hasta que se corrigieron medianamente  con la negociación política efectuada con representantes del gobierno nacional. Pero nuestra democracia quedó herida porque no hubo sanción alguna, ni siquiera la de la opinión pública que surge del pleno conocimiento de lo ocurrido porque  insisto, se tapó todo bastante bien a partir de cómo maneja este gobierno la comunicación de sus actos.

Lo ocurrido en esos años 1985-1986 y lo que hoy se quiere hacer con las elecciones de los Deptos. Belgrano y Dupuy,  se origina en esta concepción enfermiza de la política como proveedora de poder y riquezas sin límites que tiene la familia gobernante, siempre secundada por el coro de aplaudidores  no pensantes e  ignorantes  de nuestras instituciones republicanas.

El olvido no debe alcanzar a los actos violatorios de nuestra democracia. La plena vigencia de nuestras instituciones son también, un derecho que debemos cuidar. Esto que se quiere hacer hoy es continuidad de aquello, es la misma vieja política dictatorial escondida en un ropaje democrático, que cada vez se ve más corroído.